Hubo 10 violaciones a la libertad de prensa al día en 2024, reporta informe regional
El informe presenta una serie de estrategias y recomendaciones para defender el ejercicio del periodismo de embestidas en contextos de deterioro de los estándares democráticos.
Un informe del laboratorio de ideas Diálogo Interamericano (DIA) fue presentado como una “hoja de ruta” para el ejercicio del periodismo independiente en democracias en decadencia. El texto, publicado este miércoles, 18 de noviembre, lo componen un análisis de la situación actual en la región, así como entrevistas individuales y reflexiones convenidas el pasado mes de mayo.
El trabajo lo realizó el Programa sobre Estado de Derecho de DIA, dirigido por la defensora de derechos humanos Tamara Taraciuk Broner, con colaboración de las organizaciones regionales pro-libertad de prensa Fundamedios y Voces del Sur. Crucialmente, el documento “propone acciones concretas para fortalecer la seguridad, sostenibilidad e independencia del periodismo“.
Reconociendo la existencia de “grandes retos que van más allá de la intolerancia de quienes ejercen el poder“, como la sostenibilidad en “un ecosistema digital donde las nuevas formas de consumo son superficiales y no hay fidelización por parte de las audiencias”, los expertos de DIA reconocen una situación crítica para el periodismo.
Esto incluye además cambios en las prioridades de los donantes que han brindado apoyo vital a la prensa hispanoamericana, ya asediada por poderes que se le sobreponen en su tarea de informar a la población. Tan sólo este año en la región —lamenta el texto— “se cometieron diez violaciones diarias a la libertad de prensa, una cada dos horas“.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) destacó su preocupación ante “patrones de violencia comunes y constantes en la región”. El caso de Nicaragua bajo el régimen sandinista muestra un particular extremo en la tendencia del “declive democrático”, un deterioro generalizado de los estándares en materia de separación de poderes, libertades civiles y Estado de derecho.
“Hasta mediados de 2024 al menos 263 periodistas (nicaragüenses)” se han visto forzados al exilio por la represión del régimen sandinista. DIA reconoce un descenso en los reportes en el país, así como en Cuba y Venezuela, atribuibles no a una mejoría en la situación de la prensa, sino a la mayor
“efectividad de los mecanismos de censura e intimidación“.
Esto ha pasado factura a nivel físico, con casos de tortura y violencia documentados ampliamente, pero también ha afectado a los periodistas a nivel psicológico.
El informe encontró que “el 80% de los periodistas latinoamericanos encuestados no ha obtenido formación en prevención en salud mental. A la vez, las barreras para acceder a los servicios de salud mental son múltiples, con aproximadamente el 30% de los periodistas encuestados solo pudiendo acceder si la atención fuese gratuita”.
La hoja de ruta
De cara a estos retos, los expertos en DIA idearon una serie de estrategias para abordar no sólo la situación de la represión, sino los contextos que los medios de comunicación encaran en una región cambiante y convulsa, reconociendo que la prensa independiente en Hispanoamérica y el Caribe es en extremo dependiente de donaciones y necesita “diversificar sus fuentes de ingresos de manera sostenible”.
El informe insta a los donantes a no limitar las donaciones a enfoques temáticos, sino que abran la posibilidad a los medios de cubrir con libertad una diversidad de temas. Abogan porque “las audiencias sean educadas sobre el valor de la actividad periodística para la democracia, lo cual facilitaría su disposición para pagar por el contenido que consumen“.
Esto se complementa con la introducción de nuevas herramientas para innovar el ejercicio periodístico, como la inteligencia artificial (“que presenta un reto, pero también ofrece grandes oportunidades”), y una mayor presencia e integración en redes digitales, que suponen “una
forma única de aumentar la distribución de contenidos, pero requiere de su elaboración en formatos de fácil consumo“.
La aspiración es que “el periodismo sea entendido como un servicio social, especialmente en el caso de los medios que difunden información de interés público, una categoría protegida por el sistema interamericano debido a su rol fundamental en la promoción de la ciudadanía participativa y el fortalecimiento de la democracia”, entre otras disposiciones.
También recomendaron la elaboración de protocolos y manuales de protección para “instruir a periodistas en cómo realizar análisis de riesgo, identificando posibles amenazas y el diseño de planes de contingencia para prevención y protección“. La cooperación entre medios de comunicación es crucial en este aspecto.
Cuando todo lo demás falla, los expertos de DIA recomiendan a los medios establecer presencia en naciones con mejores condiciones. La estrategia de relocalización fue implementada de forma improvisada y forzosa por prácticamente toda la prensa independiente de Nicaragua a partir de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, pero medios como El Faro de El Salvador sirven de ejemplo para operaciones más calculadas.
Entre las recomendaciones para ejecutar una relocalización más apropiada se cuentan “crear fondos de soporte que permitan sostener a los periodistas en el exilo más allá de los primeros meses de emergencia“, impulsar acuerdos entre países para facilitar la transición y la protección de los periodistas, así como también “otorgar apoyo psicológico y fomentar redes y contactos”, entre otros aspectos.