Amnistía Internacional: “Ortega continúa sofocando cualquier disidencia” en Nicaragua
Represión contra pueblos indígenas y contra la Iglesia católica demuestran que “nadie está a salvo” en la Nicaragua dominada por el sandinismo, aseguró la directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional denunció particularmente la represión contra comunidades indígenas y la Iglesia católica en su declaración pública de cierre de año sobre Nicaragua.
Con una declaración pública (AMR 43/8834/2024) sobre Nicaragua, la defensoría de derechos humanos a nivel mundial Amnistía Internacional “continúa denunciando el modelo represivo del gobierno de Daniel Ortega, que ha sumido a Nicaragua en una crisis de derechos humanos sin precedentes y que sigue profundizándose luego de seis años“.
Se trata de un documento de diez páginas con el que la organización hace un recorrido por la crisis nicaragüense, iniciada en abril de 2018 pero todavía vigente y unifica distintas cifras y hechos recopilados por organismos independientes en cuanto a las víctimas y el alcance de la represión los últimos seis años.
“La represión en Nicaragua no deja a nadie a salvo, desde líderes indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y cualquiera que sea visto como un riesgo para las políticas del gobierno, las autoridades siguen consolidando el clima de miedo en el que disentir se castiga con cárcel, exilio o desaparición“, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía denunció la respuesta violenta a la protesta y la crítica, la aprobación de leyes restrictivas, la criminalización selectiva, la represión contra pueblos indígenas, el cierre sistemático del espacio cívico, los ataques contra la libertad de religión, la vigilancia y la represión generalizadas como las características fundamentales de la gobernanza sandinista en Nicaragua los últimos seis años.
Destacan en particular los casos de Kevin Solís, Violeta Granera y Nidia Barbosa, tres personas que “fueron perseguidas, detenidas arbitrariamente y sometidas a procesos judiciales sin garantías debido a su liderazgo social y sus vínculos con organizaciones de sociedad civil“.
“Casos como el de Lesbia Gutiérrez, una laica sometida a desaparición forzada desde agosto de 2024, ilustran como la persecución a la Iglesia Católica e instituciones de otras denominaciones religiosas aún persiste“. También señalaron el caso del ex-guerrillero Juan Carlos Baquedano, dos veces preso político y expulsado a Guatemala en un grupo de 135 presos políticos en septiembre.
Asimismo, Amnistía denominó “reo de consciencia” al líder indígena, Brooklyn Rivera, desaparecido desde septiembre de 2023 tras negarse a ser desterrado por el régimen sandinista, que en mayo de ese año le negó la entrada al país, luego revocó su diputación en la Asamblea Nacional de forma irregular y canceló la personería política de su partido, YATAMA, entonces el único partido indígena en el parlamento nicaragüense.
En cuanto a la situación de las comunidades indígenas, el organismo enfatizó que “el gobierno de Daniel Ortega ha implementado una estrategia deliberada para debilitar las estructuras organizativas indígenas, criminalizar a sus líderes y silenciar sus demandas, utilizando herramientas legales y represivas que violan los estándares internacionales de derechos humanos”.
La represión que Amnistía menciona incluye “violaciones a derechos fundamentales, como el derecho a la autonomía, la integridad personal y la consulta previa, afectando tanto a líderes comunitarios como a sus estructuras organizativas“, lo que quedó de manifiesto con las últimas elecciones regionales, denunciadas como fraudulentas y desconocidas por grupos indígenas en el exilio.
Finalmente, Amnistía mostró preocupación por “reformas legales y constitucionales” que institucionalizarán, entre otros aspectos, la tortura, las estructuras paramilitares con las que el régimen se ha valido para la represión, la sucesión dinástica y los controles sobre la vida pública ya ejercidos por el régimen sandinista.
Por ello Amnistía insistió a la comunidad internacional continuar su monitoreo sobre Nicaragua “mediante los mecanismos institucionales” como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
También urgió a los Estados en espacios multilaterales compartidos con Nicaragua seguir “exigiéndole a las autoridades nicaragüenses el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos“, así como la aplicación de medidas de presión que condicionen al régimen de Nicaragua a acatar los mandatos internacionales.
