Régimen Ortega-Murillo excarcela a una treintena de presos políticos en Nicaragua
Recientemente expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado urgente a las autoridades de Nicaragua para que liberen de inmediato a las personas detenidas por motivos políticos, destacando que estas detenciones están relacionadas con las críticas a la deteriorada situación de los derechos humanos en el país.
Al menos 30 presos políticos detenidos en noviembre pasado fueron liberados y llevados de regreso a sus hogares la noche del miércoles 11 de diciembre, según han detallado fuentes locales que prefirieron el anonimato por razones de seguridad.
La información divulgada por los medios de comunicación digitales como La Prensa y 100% Noticias informaron que las personas fueron transportadas en autobuses hasta sus hogares. Las fuentes indicaron que la Policía sandinista les advirtió que no deben hablar sobre su situación.
El diario La Prensa reportó que al menos 3 personas no fueron llevadas a sus casas incluido el periodista Leo Catalino Cárcamo, quien está desaparecido desde su detención el 22 de noviembre.
Mayoría de opositores son de Masaya y León
Los reportes del Monitoreo Azul y Blanco señalan que más de 30 opositores habían sido detenidos de forma arbitraria a finales de noviembre, principalmente en Masaya y León. Entre los detenidos se encuentran abogados, médicos y periodistas, así como empresarios.A pesar de las excarcelaciones, al menos 30 opositores siguen detenidos.
“Las familias de las personas detenidas han sido privadas de información sobre su paradero y estado, en una flagrante violación de los derechos humanos”, denunció la organización en días pasados.
A su vez expone que esta nueva redada se distingue por una crueldad sin precedentes, dejando en evidencia la intención del régimen de silenciar cualquier voz disidente mediante el uso del terror.
El Monitoreo ha señalado que las cifras presentadas son un registro ciudadano que no refleja la totalidad de la violencia del Estado. Debido al clima de represión y terror en el país muchas víctimas y sus familias no logran denunciar las violaciones a sus derechos humanos, por lo que las cifras del MAB contienen un subregistro.