EEUU abre investigación sobre abusos en Nicaragua que podrían expulsar al país del CAFTA
Katherina Tai, representante comercial de los Estados Unidos, dirigirá la investigación que será entregada al presidente entrante, Donald Trump, dentro de un año.
Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos desde 2021.
El gobierno estadounidense, encabezado por la administración del presidente Joseph Biden, abrió una investigación sobre abusos a los derechos humanos y laborales bajo la dictadura sandinista de Nicaragua, país del cual es el principal socio comercial y con el que mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) multilateral.
La investigación la llevará a cabo la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), una agencia gubernamental encargada de asesorar en política comercial al presidente estadounidense, en el plazo de un año, por lo que será presentada al presidente entrante, Donald Trump, en 2025, según detalla un comunicado publicado en el sitio web de la Oficina.
“A los Estados Unidos les preocupa que Nicaragua esté participando en ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de Derecho“, reza el comunicado, cuya emisión coincide con el Día de los derechos humanos, celebrado cada 10 de diciembre.
Según la representante comercial, Katherine Tai, la investigación se llevará a cabo de conformidad con la sección 301 de la Ley de comercio de 1974. Dicha ley mandata a la Oficina a “investigar actos, políticas y prácticas que pueden violar los derechos laborales, los derechos humanos y desmantelar el estado de Derecho” en tanto puedan “afectar el comercio estadounidense”.
“La Administración Biden-Harris está firmemente comprometida con una política comercial centrada en los trabajadores para garantizar que nuestras alianzas comerciales impulsen el progreso de todos los trabajadores y las personas”, dijo la representante Tai.
“Lamentablemente, numerosos informes sugieren que el Gobierno de Nicaragua está cometiendo actos represivos que perjudican a los propios trabajadores y al pueblo nicaragüense, socavan la competencia justa y desestabilizan nuestra región“, continuó.
Tai comprometió a la USTR a investigar “exhaustivamente las presuntas violaciones de los derechos laborales y humanos, y el desmantelamiento del estado de Derecho” en el país, que lleva 16 años bajo el gobierno del líder sandinista Daniel Ortega y más recientemente, de su esposa y “co-presidenta”, Rosario Murillo.
Entre las acciones del régimen sandinista que más preocupan a la Oficina y a la administración Biden, el comunicado destacó señalamientos de:
- arrestos y encarcelamientos por motivos políticos,
- represión de miembros de grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales,
- ejecuciones extrajudiciales,
- tratos crueles, inhumanos o degradantes,
- restricciones a la libertad de expresión y movimiento,
- violencia contra miembros de grupos marginados,
- represión de la libertad de asociación y negociación colectiva,
- trabajo forzoso,
- trata de personas,
- eliminación de la independencia legislativa y judicial,
- confiscaciones espurias de propiedad,
- multas y resoluciones arbitrarias…
…entre otros actos nocivos documentados en varios informes elaborados independientemente por varias entidades, incluyendo al propio gobierno estadounidense y sus aliados europeos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas para Nicaragua (GHREN).
La violación de derechos laborales, de propiedad y en general de mantenimiento de estándares democráticos podría impactar negativamente la relación comercial que Estados Unidos y Nicaragua mantienen a través de su TLC, el DR-CAFTA, que incluye también al resto de Centroamérica y República Dominicana.
Miembros de la oposición nicaragüense han enfatizado que el régimen de Nicaragua ya ha faltado a varias obligaciones asumidas como parte del TLC, ofensas que ameritan, como mínimo, la reconsideración de su estatus en el acuerdo multilateral.
Régimen en la mira
El régimen sandinista ya está siendo sometido a un proceso de revisión de la OIT desde principios de noviembre de este año por una queja de la Organización Internacional de Empleadores (OIE). La queja fue presentada en junio de 2023 en representación de individuos y organizaciones cuyos derechos laborales y sindicales se vieron agraviados por la dictadura en Nicaragua.
La queja señala a Nicaragua de haber roto cuatro acuerdos vinculantes en materia de derecho laboral, coartando las libertades de asociación y violentando los derechos laborales en el país. El reclamo recibió apoyo de los delegados de catorce países en la OIE: Alemania, Reino Unido, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Venezuela, Uruguay, Japón, Kenya, Argentina, Chile, México y Nueva Zelanda.
Sin embargo, la misión de parte de la OIE para evaluar la situación en el país podría tardar años en llegar a Nicaragua, como ocurrió con un proceso anterior denunciado en 1987, durante la primera dictadura sandinista, pero que contó con botas en el terreno hasta 1990, cuando ya se había consumado un cambio de gobierno.
El régimen sandinista igualmente podría impedir el acceso a la misión de la OIT (como ha hecho con otras misiones internacionales), en cuyo caso la situación podría escalar hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Países Bajos, suponiendo un disputa de mayor envergadura y consecuencia para el régimen sandinista.
