Alta Comisionada Adjunta señala deterioro de los derechos humanos en Nicaragua
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó a la comunidad internacional, para que intensifiquen sus esfuerzos en apoyo por la restauración de la democracia en Nicaragua.
El régimen de Daniel Ortega sigue siendo señalado de violentar derechos humanos en Nicaragua y hacer caso omiso a las recomendaciones de organismos defensores.
En una reciente actualización oral, Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos denunció que en Nicaragua continúan los ataques en contra de miembros de las comunidades indígenas por parte de colonos en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
Así mismo, Al-Nashif se pronunció sobre el asesinato de dos Miskitos el 8 de noviembre. “Los casos denunciados de violencia sexual contra niños indígenas presuntamente cometidos por colonos son muy preocupantes. La Oficina también está profundamente preocupada por la detención arbitraria de ocho guardabosques Mayangna que pertenecen a comunidades indígenas, algunos de los cuales han estado detenidos desde 2021, y pide su liberación inmediata”, apuntó.
Inisistió que las autoridades deben adoptar medidas proactivas para prevenir la violencia, incluida la violencia sexual, y realizar investigaciones exhaustivas e independientes de todos esos incidentes, exigiendo responsabilidades a los autores.
En Nicaragua reina un clima represivo
En su intervención, Al-Nashif señaló además que desde la última actualización de ese Consejo en septiembre, la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha seguido deteriorándose.
“Reina un clima severo y represivo”, recalcó. A su vez señaló que en los últimos meses, las reformas han apuntado a concentrar más poder en la Presidencia y criminalizar las voces disidentes.
De igual modo, apuntó que las reformas legales promulgadas recientemente amplían significativamente los poderes del Estado para procesar ciertos delitos, incluso cuando las conductas en cuestión pueden haber sido cometidas fuera de Nicaragua, y apuntan a personas y organizaciones de la sociedad civil percibidas como críticas del gobierno.
“Estas leyes redefinen los delitos para incluir la actividad en las redes sociales que «provoquen pánico» o amenace la «estabilidad social» “, apuntó.
Señaló con especial énfasis que la eliminación del reconocimiento explícito de la prohibición de la tortura es particularmente atroz.
Más de 500 nicaragüenses han sido desnacionalizados
Al-Nashif apuntó que desde febrero de 2023, al menos 546 nicaragüenses han sido despojados oficialmente de su nacionalidad, lo que ha convertido a muchos de ellos en apátridas, y sus bienes han sido confiscados.
“Han sido expulsados y abandonados en condiciones precarias en el extranjero. Muchos otros no pueden establecer su nacionalidad nicaragüense porque el gobierno se niega a renovar sus pasaportes o emitir documentación en el extranjero, borrando su identidad legal e impidiendo sus conexiones con su país de origen”, denunció.
Por otro lado, señaló que la detención arbitraria de presuntas personas opositoras políticas, dirigentes indígenas, personas defensoras de los derechos humanos y dirigentes religiosos sigue siendo generalizada.
Refirió que según organizaciones de la sociedad civil, 76 personas siguen detenidas arbitrariamente en Nicaragua, incluidos al menos 20 miembros de comunidades indígenas.
“En los últimos días de noviembre, al menos 30 personas fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas tres niños. Además, al menos 10 se vieron obligadas a abandonar Nicaragua en noviembre, bajo amenaza de detención y procesamiento”, destacó.
Acciones atentan contra la integridad de las personas detenidas
La Alta Comisionada Adjunta señaló que su oficina ha conocido de un patrón constante de violaciones del debido proceso, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones de detención terribles y tortura física y psicológica, incluida la privación del sueño y la negación de atención médica.
Entre los casos que destacó están el de Angélica Chavarría, pareja del fallecido general retirado Humberto Ortega, quien murió el 30 de septiembre en un hospital mientras se encontraba detenido, se encuentra desaparecida desde el 19 de mayo de 2024.
También indicó que se desconoce el paradero de Brooklyn Rivera, Steadman Fagoth Müller y del ex coronel Víctor Boitano.
Al-Nashif instó a la liberación inmediata de todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, incluidas las detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión. Todas las personas acusadas deben tener acceso a un juicio justo y al debido proceso.
