Informe denuncia crueldad en contra de adultos mayores prisioneros políticos en Nicaragua
El informe apela a levantar la voz y no olvidar a las personas adultas mayores afectadas por la prisión política; considerando que podrían ser tu padre, madre, abuelo, abuela, hermano, hermana, cónyuge o cualquier otro ser cercano.
Brooklin Rivera, es una de las personas adultas mayores detenido por razones políticas en Nicaragua.
Un informe de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y otras organizaciones defensoras de derechos humanos sobre la situación de las personas adultas mayores detenidas en Nicaragua por motivos políticos pone de manifiesto una serie de violaciones graves a los derechos humanos de este grupo especialmente vulnerable.
El documento titulado “¿Y si fuera tu abuela o tu abuelo? El doble impacto de la prisión política en las personas adultas mayores en Nicaragua”, señala que a finales de octubre de 2024, al menos 46 personas estaban detenidas por razones políticas, de las cuales 10 son adultos mayores (9 hombres y 1 mujer).
Reportan que esta cifra ha aumentado en noviembre de 2024, con al menos 30 personas detenidas, de las cuales 10 también son adultas mayores. La mayoría de estas personas enfrenta múltiples factores de vulnerabilidad: enfermedades crónicas, discapacidad, aislamiento y en algunos casos desaparición forzada.
Apuntan que a pesar de que muchas de estas personas padecen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y artrosis, las autoridades penitenciarias no garantizan el suministro de medicamentos y en algunos casos los familiares deben llevarlos. Sin embargo, incluso cuando los medicamentos son entregados, no siempre se administran correctamente.
El documento indica que se ha documentado el caso de un prisionero político de 72 años que perdió la vista después de pasar años en condiciones carcelarias extremas sin recibir atención médica, a pesar de haber solicitado asistencia.
Otro caso alarmante es el de personas que han tenido niveles de glucosa en sangre extremadamente altos (hasta 550 mg/dl), lo que podría haber causado comas diabéticos, pero solo se les ha administrado tratamiento básico de forma insuficiente.
Las condiciones carcelarias son igualmente inhumanas. “Notamos que el Estado no cuenta con un régimen penitenciario que sea compatible con los derechos de las personas adultas mayores. Hemos documentado casos de personas adultas mayores con artrosis que, ante la falta de inodoros, tienen que hacer sus necesidades en “cuclillas” debido a que solamente existe un hueco que se conecta a las tuberías”, denuncia el informe.
Esto agrava problemas de movilidad derivados de sus afecciones físicas. Además, muchos de estos reclusos sufren de falta de agua potable o de mala calidad, lo que provoca problemas estomacales recurrentes.
Las autoridades penitenciarias también han utilizado técnicas de tortura psicológica. En algunas celdas, como en la conocida como “el infiernillo” en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro (La Modelo), las personas son sometidas a temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, sin ventilación adecuada ni luz solar.
Este aislamiento extremo y las malas condiciones de los espacios de reclusión han tenido un impacto negativo en la salud mental de los detenidos, que sufren de trastornos de estrés postraumático (TEPT), ansiedad y depresión, señalan.
Desaparición forzada mantiene en incertidumbre
Uno de los aspectos más alarmantes de la situación es el creciente número de desaparecidos entre las personas adultas mayores detenidas por motivos políticos son las desapariciones forzadas, el cual mantiene en total incertidumbre el paradero de muchos reclusos, lo que agrava su sufrimiento, pues no se sabe si están recibiendo atención médica ni cuál es su estado de salud.
“Este tipo de trato donde se niega cualquier prueba de vida o información sobre el paradero, constituye una grave violación de los derechos humanos”, expone el documento.
Por otro lado, testimonios provienen de las familias de las personas detenidas señala que también sufren consecuencias físicas y emocionales debido a las condiciones inhumanas a las que están sometidos sus seres queridos.
“Las autoridades penitenciarias exigen que los familiares, en su mayoría adultos mayores, se sometan a largas esperas y requisas humillantes”, señalan.
Agregan que muchos de ellos deben caminar largas distancias bajo el sol para llegar a los penales, lo que pone en riesgo su salud. Además, la angustia constante de no saber el estado de sus seres queridos y las condiciones de vida precarias a las que se enfrentan agravan su estrés y ansiedad.
Adultos mayores siguen siendo un pilar en la sociedad
El informe también indica que las personas adultas mayores privadas de la libertad en Nicaragua sufren de la falta de normativa interna y de políticas públicas destinadas a proteger sus necesidades específicas para ejercer el goce de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población carcelaria en el país.
Insisten que el trato a las personas adultas mayores es en muchas culturas algo incuestionable e innegociable, bajo la premisa cierta de que son un grupo en situación de vulnerabilidad.
“Con más de 60 años han sido y siguen siendo un pilar en la nación y en la vida de cada persona pues, pese a cualquier error, han abierto el camino para las nuevas generaciones. En Nicaragua falta mucho para darles la atención y el lugar que merecen de acuerdo con sus necesidades, y sin discriminarlos o estigmatizarlos bajo ningún motivo”.
A su vez señalan que las personas adultas mayores que son familiares de personas presas políticas también se encuentran en el desamparo ante las violaciones a sus derechos humanos, en especial respecto a los malos tratos y humillaciones que sufren en las visitas a prisión.
“La angustia de los familiares incrementa en el caso de aquellos que están desaparecidos. El hecho que familiares incluso mayores de 70 años tengan que viajar hasta más de 200 kilómetros para hacer la visita y que en el penal lo hagan esperar horas para concederla, es un reflejo de la poca humanidad de parte de las autoridades”, denuncian.
El informe recomienda al Estado entre otras cosas liberar inmediatamente a las personas detenidas por motivos políticos, con especial urgencia aquellas que son adultas mayores.
Además “abstenerse de ejecutar actos de violencia física, psicológica, sexual y/o sensorial en contra de las personas de edad recluidas por motivos políticos y de los familiares de edad de las personas presas políticas en general”.
De igual forma investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de las personas adultas mayores que han sufrido el impacto de la prisión política desde 2018 y garantizar a las víctimas su derecho a la justicia y reparación.
Además piden a la sociedad civil y a la comunidad internacional visibilizar la situación de las personas de edad afectadas por la prisión política en Nicaragua y concientizar a la sociedad sobre el deber de no olvidar los derechos de las personas adultas mayores.
