Régimen instala su primer “chayopalo” en el Caribe, pese a carencias y abandono estatal

Cada árbol de la vida cuesta al erario público un mínimo de 20 mil dólares, sin contar gastos asociados de mantenimiento y seguridad. En una de las regiones más desatendidas por el Estado, la instalación supone un agravio tanto como un gesto de dominación.

  • San José, Costa Rica
  • 2:11 pm
  • Dic 6, 2024

Los "árboles de la vida", popularmente conocido como "chayopalos" en alusión a Rosario Murillo, su creadora, son símbolos del poder del régimen sandinista en toda Nicaragua.

Medios Oficialistas
República 18

La instalación de un “árbol de la vida”, popularmente conocido como “arbolata” o “chayopalo”, en la ciudad de Bluefields inició este viernes, 6 de diciembre, a cargo de las autoridades locales y la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (ENATREL), según reportaron la propia alcaldía y medios oficialistas. Se trata del primero de su tipo en el Caribe nicaragüense.

La obra estaba planeada desde, por lo menos, el 17 de octubre, cuando la vicealcaldesa, Carla Martin Brooks, se reunió a nombre del alcalde, Gustavo Castro, ambos sandinistas, con un equipo de ENATREL para ubicar la instalación. “Se instalará en la intersección de carretera que conduce a la terminal de buses”, dijo entonces Martin, que estimó la conclusión de la obra para finales de noviembre.

La instalación de los “chayopalos”, en un principio sólo limitados a la capital en Managua, fue recibida en diferentes partes del país con cierta controversia. En redes sociales abundan los comentarios de ciudadanos que, esgrimiendo necesidades más urgentes, deploran el despilfarro de los recursos estatales en los proyectos de vanidad que representan estas esculturas.

Cada escultura costaba, como base, unos 20 mil dólares en 2017, sin incluir los gastos de electricidad y seguridad. En 2024, ajustado a la inflación, el costo ascendería por lo menos a unos 25 755 dólares. Pero la instalación de una “arbolata” en el Caribe nicaragüense supone un agravio mayor, dado que se trata de una de las regiones más desatendidas en todo el país.

Sucesivas administraciones de distinto credo político han tratado al Caribe nicaragüense como una zona de extracción económica ante todo. Por ello la región se ha caracterizado en su historia moderna por altos niveles de pobreza que deriva de la pobre infraestructura, la depredación de corporaciones extranjeras y la invasión de tierras facilitada por la negligencia del Estado.

Expolio, negligencia y dominación

Los últimos 16 años de gobierno sandinista no sólo han replicado estas dinámicas, sino que las han ampliado a niveles nunca antes vistos. Organizaciones de defensa ambiental y pro-derechos de poblaciones indígenas y afrodescendientes han calificado la situación como una verdadera crisis ambiental y humanitaria.

En vez de atender a estos llamados, el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha encargado de perseguir a las organizaciones, llevándolas a todas al exilio o la extinción. Tal negligencia tuvo consecuencias fatales en 2020, ante el azote de los huracanes Eta e Iota en la región.

La respuesta a los desastres que causaron ambas tormentas se caracterizó por su inefectividad, como develaron varias investigaciones periodísticas. La oposición entonces se pronunció al respecto, denunciando “a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por su negligencia y deliberada irresponsabilidad ante esta emergencia nacional“, en palabras de la Unidad Nacional Azul y Blanco.

A nivel político, el régimen sandinista ha anulado de facto y de iure la autonomía que gozaban las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur, primero al viciar sus procesos electorales para ubicar a cuadros leales en puestos de autoridad, luego a través de una reforma constitucional a imponerse en enero de 2025.

Si algo simboliza el “arbolata” desde el estallido social de 2018, es el dominio sandinista sobre Nicaragua y, ahora, sobre la Mosquitia también.