Reportan demolición de casa que fue escenario de masacre en el barrio Carlos Marx

En 2018, la construcción de tres pisos fue incendiada por agentes parapoliciales al servicio del régimen sandinista. Toda una familia, incluyendo a dos niños, falleció en el atentado.

  • San José, Costa Rica
  • 4:06 pm
  • Dic 4, 2024

Captura de un video confiado a República 18 en la que el inmueble que fue escenario de una masacre en 2018 muestra señales de demolición.

República 18
República 18

La que fuera la residencia de la familia Velásquez Pavón, víctima de una de las peores masacres en la historia reciente del país, en el barrio Carlos Marx de Managua, estaría siendo demolida por razones desconocidas, de acuerdo con un reporte transmitido a República 18 por una fuente (anónima por motivos de seguridad) en Managua.

Imágenes confiadas a República 18 muestran al inmueble derruido, con señales de obras que apuntan a una demolición total o parcial todavía en proceso. No está claro si la demolición fue ordenada por los actuales propietarios, los herederos de Óscar Velásquez Pavón y su esposa, Martiza López, ambos fallecidos en la masacre.

La propiedad de tres pisos registrada bajo los lotes E-260 y – 261 está a la venta desde 2022, pero lleva más de seis años abandonada, desde que el 16 de junio de 2018 tuvo lugar la infame masacre que acabó con la vida de seis integrantes de la familia, incluyendo a dos menores de 4 meses y 3 años de edad.

Ellos venían encapuchados, acompañados de policías, nos encerraron y nos quemaron vivos“, dijo entonces Ana Velásquez, sobreviviente de la masacre, refiriéndose a agentes de la Policía Nacional y colaboradores civiles, denominados “paramilitares“, según constataron investigaciones de organizaciones de derechos humanos.

El delito permanece todavía en la impunidad. Las autoridades del régimen sandinista señalaron a manifestantes pro-democracia que ese año salieron a las calles demandando la renuncia del caudillo sandinista Daniel Ortega. Sin embargo, las investigaciones independientes apuntan a que el móvil del delito fue la negativa de los propietarios a ubicar francotiradores en el techo de la propiedad.

No hay registro público de que la propiedad cambiase de manos desde que fue puesta en venta en 2022.