Entre temor, exilio y desnacionalización así viven defensores de derechos humanos de Nicaragua
A pesar de todas las arbitrariedades la defensa de los derechos humanos persiste desde diferentes espacios tanto a nivel nacional como internacional.
Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua van desde agresiones físicas, torturas, encarcelamiento hasta desnacionalización y confiscación de propiedades.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido objeto de múltiples acusaciones por violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, especialmente hacia aquellos críticos como defensores y activistas.
La violencia institucionalizada, el temor constante a la persecución, la injusticia y las violaciones sistemática de los derechos fundamentales han marcado la vida de miles de ciudadanos, desde los más reconocidos hasta aquellos que apenas iniciaban en el mundo de la defensa de los derechos humanos.
Samantha Jirón, activista y excarcelada política, expresó a República 18 que las tres agresiones que más le han marcado son “la desnacionalización y el destierro, la detención arbitraria por un año y tres meses que incluyó un juicio completamente violatorio de mis derechos humanos”, relató.
Jirón es una de las 222 personas que fueron liberadas y desterradas a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, como parte de las represalias del régimen. Durante su encarcelamiento y destierro se vio obligada a interrumpir sus estudios universitarios, no fue sino hasta septiembre de este año que junto a su pareja Kevin Solís, pudo retomar sus estudios superiores en la Universidad Complutense de Madrid.
Relata que este logro ha sido un proceso largo, alcanzado gracias al apoyo de una red de amigos y conocidos que le informaron sobre un programa que apoya a activistas y defensores de derechos humanos jóvenes, lo que le permitió continuar con su formación académica.
Temor a que afecten a la familia
Por otro lado, “Aleyda”, una defensora de los derechos de las mujeres, destaca que una de las agresiones más impactantes son las agresiones físicas, así como el constante temor a la cárcel debido a los constantes encarcelamientos injustificado a personas defensoras. “Es una de las razones por las que estoy en Costa Rica por el miedo a ser encarcelada, es algo que no merecemos sobre todo cuando no hemos cometido ningún delito mucho menos por defender los derechos humanos”, señaló.
Aleyda también expresó su temor por el robo de propiedades que ejecuta el régimen. “Perder lo que tenés, lo que te ha costado y que luego te lo quiten eso también afecta un montón a los defensores. Así mismo las amenazas de agresiones a los familiares, eso es una cosa que derriba y que pone contra la pared a cualquiera saber que tu familiar puede ser agredidos en cualquier momento”, lamentó.
Por su parte, una joven abogada y activista de derechos humanos señala que sin lugar a dudas, el temor que el régimen de Daniel Ortega ha infundido en quienes trabajan en estos temas tiene un gran impacto. La mayor consecuencia directa que ha sufrido es el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA).
“Estaba especializándome y estaba a punto de concluir. Con el cierre arbitrario de la universidad, mi trabajo y esfuerzo de muchos meses se vinieron abajo. El derecho a educarme me lo arrebataron a mí, a mis compañeros y a decenas de estudiantes en Nicaragua”, comenta.
Añade que tanto quienes se encuentran dentro del país como aquellos que están fuera viven diferentes temores debido a las acciones represivas que el gobierno puede implementar por el simple hecho de defender derechos.
La abogada señala que, nuevamente, este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, encontrará a Nicaragua en “peores condiciones”, pues se han conocido diversas modificaciones a la Constitución Política y a las leyes del país que desprotegen aún más a la ciudadanía y que “legalizan” las violaciones a los derechos humanos, las cuales se han multiplicado desde que el gobierno sandinista llegó al poder.
Finaliza diciendo que esta situación sigue siendo un grave desafío para los derechos fundamentales en el país y una labor más difícil para las personas que defienden derechos.
