Violencia de género y represión política: Azahálea Solís analiza la situación actual en Nicaragua
Azahálea Solís señala que en Nicaragua se ha desmantelado el sistema de atención integral para las víctimas de violencia, desplazando el enfoque de protección hacia la familia, incluso en aquellos casos donde la familia es el núcleo donde se perpetra la violencia.

Azahálea Solís (al centro) participando de la marcha del 8 de marzo 2024, en San José Costa Rica.
La abogada feminista, Azahálea Solís Román, una de las voces más prominentes en la lucha por los derechos de las mujeres en Nicaragua, conversó con República 18 y analizó los desafíos del país en cuanto a la violencia que se registra. Así mismo el actuar del sistema judicial, que a su juicio, se ha convertido en un instrumento de control político, dejando a las víctimas de violencia desprotegidas y en situación de vulnerabilidad.
Solís destacó que la falta de un verdadero compromiso por parte del Estado para garantizar justicia y protección, ha convertido a Nicaragua en un lugar peligroso para las mujeres y la ciudadanía en general.
A continuación, se exponen sus reflexiones sobre el contexto actual de la violencia de género en el país.
1. ¿Cómo describiría usted la situación actual de la violencia de género en el país hasta noviembre de 2024?
Creo que Nicaragua está atravesando una situación de violencia generalizada debido a que se ha convertido en un Estado prácticamente policial donde se restringe la entrada y salida de opositores.
Existen casos de familiares de opositores o aquellos perseguidos por razones políticas, a quienes se les impide entrar al país, lo que constituye un acto de violencia estatal. También se da el caso de ciudadanos a quienes se les impide salir de Nicaragua.
El contexto nacional es tan violento que incluso las personas en el exilio o destierro se ven afectadas, ya que se ha impuesto una separación física y real de las familias. Otro aspecto fundamental es el desprecio hacia la integridad personal, que se expresa en situaciones cotidianas.
También se reformó la Ley 779, la reformó Daniel Ortega sin tener las atribuciones para hacerlo y cambió el delito de femicidio, (entre otras cosas limitándolo a las relaciones de pareja, dejando por fuera los otros casos, del ámbito público).
Otro punto importante es que se ha desmantelado el sistema de atención integral para las víctimas de violencia, desplazando el enfoque de protección hacia la familia, incluso en aquellos casos donde la mismas es el núcleo donde se perpetra la violencia. En lugar de garantizar la protección de la vida de las mujeres, se ha priorizado la unidad familiar, sin importar si en esa unidad hay violencia.
La cuarta cuestión me parece que también es importante tener en consideración el hecho de la destrucción de las organizaciones que daban apoyo, acompañamiento legal, acompañamiento jurídico y todo lo demás, creo que esas circunstancias han dado muestras de que la vida de las mujeres no importa.
Entonces esto ha aumentado y ha dificultado por otra parte el acceso a la justicia, esto es lo que considero a noviembre de 2024.
2. ¿Cómo se están gestionando los casos de violencia en general, particularmente en lo que respecta a la violencia de género? Ante los femicidios, por ejemplo, se plantea la idea de la cadena perpetua. ¿Es esta una medida efectiva para detener este tipo de violencia?
La propuesta de la cadena perpetua me parece una medida populista, que surge como respuesta a una realidad mucho más compleja. Después de haber destruido el sistema de atención integral a las víctimas, el gobierno no puede pretender que su preocupación por la violencia contra las mujeres sea real.
Además, tras la reforma a la ley, se ha introducido la mediación y se ha delegado esta tarea en operadores partidarios para las mediaciones. Muchos de estos operadores han sido señalados por casos de abusos sexuales y otras violencias, lo que convierte la mediación en un mecanismo ineficaz e incluso contraproducente.
Con la reforma a la Ley 779, también se han eliminado principios fundamentales como la inmediatez en la atención de las denuncias, lo que ha dificultado el acceso a la justicia para las víctimas de violencia. El Poder Judicial, está completamente subordinado a intereses partidarios y no responde a las necesidades de las mujeres ni vela por su integridad.
3. ¿Cree que la imposición de la cadena perpetua en casos de femicidio y otros actos de violencia realmente constituye una forma de hacer justicia?
En un sistema de impunidad e injusticia como el de Nicaragua, no puede haber justicia. Las instituciones están totalmente demolidas y quienes ocupan los cargos están al servicio de otros intereses y no en función de respetar derechos, ni de promoverlos, mucho menos defenderlos.
La justicia verdadera pasa por la protección de la vida y la libertad de las personas. Sin embargo, en Nicaragua esas condiciones no existen. Independientemente de que se imponga la cadena perpetua, lo fundamental es que no hay garantías para que las víctimas reciban protección real ni acceso efectivo a la justicia.
4. Considerando que en Nicaragua se han aniquilado las organizaciones de la sociedad civil, en lo relacionado con la capacitación del sistema judicial, ¿piensa que aún existe un conocimiento suficiente sobre cómo abordar la violencia en un país tan convulso?
Lamentablemente, no se trata de una falta de conocimiento sobre el tema. Yo creo que ellos pueden estar preparados en el sentido de conocer las leyes, las normas, ese tipo de conocimiento lo tienen, lo que les falta es la capacitación práctica para tratar casos de violencia de género y lo más importante, la voluntad de aplicar la ley.
La falta de empatía y la subordinación a los intereses políticos han socavado cualquier intento de garantizar los derechos de las mujeres y de promover justicia.
5. ¿Cómo se puede promover un cambio en la percepción respecto a la cosmovisión de que las mujeres están vinculadas exclusivamente a las tareas domésticas y al cuidado en el hogar?
Es fundamental reiterar que las mujeres no están obligadas a sacrificarse ni a soportar violencia, amenazas o chantajes. Cada mujer es un proyecto en sí misma, con derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo y su futuro. No debemos cansarnos de reiterar este mensaje porque la vida y la integridad de las mujeres deben estar siempre en el centro de cualquier conversación.
La unidad de la familia no puede estar por encima de la vida de las mujeres. El derecho a la vida es el primer derecho humano y sin él no se pueden ejercer los demás derechos.
También es esencial comprender los mecanismos mediante los cuales se produce y reproduce la violencia contra las mujeres, para poder prevenirla y erradicarla.
6. En el contexto de un proceso de restauración democrática, ¿cuáles serían las acciones iniciales más efectivas para abordar la violencia en sus diversas formas, con especial énfasis en la violencia de género?
Estaríamos hablando de un momento de transición y este dependerá de las circunstancias que se den en el país en el momento en que el régimen llegue a su fin. Las prioridades variarán según si hay caos o no, y dependiendo de si hay o no apoyo internacional.
Yo creo que una cuestión inherente es siempre la defensa de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, la libertad y la integridad personal, esto debe ser siempre una prioridad. Independientemente de la situación, es esencial garantizar que estos derechos sean respetados y promovidos porque la restauración de la democracia debe pasar por la protección de todos los ciudadanos, especialmente de las mujeres.
7. ¿Cómo pueden los medios de comunicación contribuir a educar y denunciar la violencia de género?
Yo creo que es importante para los medios siempre hacer referencia, aunque suene un poco esotérico en el ambiente de Nicaragua, a que todo el mundo tiene derecho a vivir libre de violencia y que las mujeres son dueñas de sí mismas, de su presente de su futuro, de su cuerpo, de sus decisiones.
No tenemos por qué aguantar, no estamos obligados a vivir en en relaciones abusivas, ni tenemos por qué aceptarlo como un designio de la mujer.
8. El régimen de Daniel Ortega ha presentado una propuesta de reforma “parcial” a la Constitución, que incluye la derogación del Artículo 36, el cual protege el derecho a la integridad física, psíquica y moral. Considerando que este artículo ha sido un pilar en la lucha de las mujeres, ¿cómo puede interpretarse esta medida?
La eliminación del Artículo 36 sería un retroceso enorme. Este artículo fue incluido gracias a las demandas de las mujeres en los cabildos constitucionales, como un mecanismo para garantizar la protección contra los malos tratos y la tortura. Su derogación representa una violación flagrante de los pactos originarios de la Constitución de Nicaragua, así como un grave retroceso en los derechos humanos y en la lucha por la igualdad de género.