Reforma a la Constitución, un riesgo para la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes
La reforma cambiaría el enfoque de la propiedad colectiva o comunal, garantizando solo el usufructo de los recursos naturales, en lugar de reconocer el derecho pleno de propiedad que actualmente poseen estas comunidades.
Defensores de los derechos de los pueblos de la Costa Caribe, lamentan que el régimen continúe violentando los derechos humanos de estas comunidades.
El Artículo 181 propuesto en la “Iniciativa de Ley de Reforma Parcial a la Constitución de la República de Nicaragua“ ha generado preocupación entre defensores de los pueblos indígenas, quienes advierten que podría limitar los derechos de autonomía y autodeterminación de estas comunidades, representando un retroceso en el reconocimiento de sus derechos.
El artículo en cuestión establece que “el Estado organizará, mediante una ley de carácter constitucional, el Régimen de Autonomía para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Étnicas de la Costa Caribe”. Esta ley deberá, entre otras cosas, detallar las atribuciones de los órganos de gobierno comunales y territoriales, así como su relación con el Gobierno Central y los gobiernos municipales en el ejercicio de sus derechos.
El texto también asegura que el Estado “garantiza a las comunidades de la Costa Caribe el respeto a sus formas de propiedad comunal y el usufructo de sus recursos naturales, así como la libre elección de sus autoridades”. Además, especifica que las concesiones y contratos de explotación de recursos naturales en las regiones autónomas de la Costa Caribe deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo.
Una especialista en la defensa de los pueblos indígenas señaló que la propuesta de reforma busca que el Estado elabore una ley de carácter constitucional que derogaría la Ley No. 28, que actualmente regula el régimen autonómico de la Costa Caribe.
Advirtió que la misma despojaría a las comunidades y territorios indígenas de la autonomía y autodeterminación que la Ley No. 445 y la actual Constitución les han otorgado. En su lugar, sería el Estado a través de la nueva ley quien regularía los órganos de gobierno comunales y territoriales, sustituyendo a las comunidades y territorios indígenas y afrodescendientes que hasta ahora ejercen esta función mediante los estatutos y reglamentos internos.
Señala que también abre la puerta para quitar el poder a las comunidades y territorios indígenas y afrodescendientes frente a las municipalidades y el Gobierno Central.
Además, cambiaría el enfoque de la propiedad colectiva o comunal, garantizando solo el usufructo de los recursos naturales, en lugar de reconocer el derecho pleno de propiedad que actualmente poseen estas comunidades. Esto se considera una degradación de la garantía constitucional de la propiedad.
La especialista también subraya que la reforma restringiría los derechos de autonomía y autodeterminación, afectando otros derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Cuestiona además que no han sido consultadas con los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo que de ser aprobadas, podría perjudicar gravemente a estas comunidades.
Reforma no ha sido consultada
Un defensor de los pueblos originarios citado también bajo anonimato expresó que la propuesta tiene implicaciones profundas ya que representa un cambio radical en la concepción y el alcance del régimen de autonomía. Se cuestiona si este cambio es solo el primer paso hacia una reforma de la Ley 28 o si, en realidad, se pretende reemplazar todo el marco jurídico vigente sobre la autonomía.
Este defensor también consideró que constituye un retroceso en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Explicó que el Estado se otorga el derecho de otorgar usufructo sobre recursos naturales propios de las comunidades, lo cual consideró un “adefesio jurídico”. Añadió que desde las elecciones regionales del 3 de marzo pasado, los defensores ya habían advertido sobre la intención de reformar el régimen de autonomía señalando que el control total de los concejales regionales era un primer paso hacia este objetivo.
“La consolidación del autoritarismo también cercena derechos a los pueblos indígenas y afrodescendientes”, mencionó.
Ambos defensores destacan que la reforma no ha sido consultada con las comunidades y que ni siquiera se tiene en cuenta a las autoridades locales impuestas por el Estado para avanzar en un cambio tan radical del régimen de autonomía.
Finalmente, se preguntó qué sucederá con los títulos de propiedad ya otorgados a las comunidades. “¿Los van a cercenar para legalizar la presencia de los colonos? ¿Qué va a pasar con las violaciones a los derechos humanos y los delitos contra la Madre Tierra cometidos por los colonos?”.
