Presos políticos, desterrados y desaparecidos: un análisis de las víctimas de la represión en Nicaragua
Religiosos, activistas e individuos sin perfil político definido figuran entre los principales detenidos y desterrados ilegalmente por el régimen sandinista.

Imagen de presos políticos desterrados por el régimen sandinista a su llegada a Guatemala. 5 de septiembre, 2024.
Un análisis comparativo del Mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas en Nicaragua pone en perspectiva la situación de al menos 46 personas que aún sufren prisión bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como de más de 300 de los mismos desterrados en los últimos dos años. El trabajo fue publicado este martes, 19 de noviembre.
De esas 46 personas, 38 son varones y 8 son mujeres. El rango de edad más prevalente oscila entre los 35 y 64 años.
Rango de edades de los 46 presos políticos bajo el régimen sandinista hasta el 19 de noviembre de 2024. Fuente: Mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas en Nicaragua.
Sin embargo, el Mecanismo nota que “existe un subregistro del número total de personas encarceladas por motivos políticos” en el país. Como consecuencia del ambiente de represión y amenazas derivadas del estado policial que prevalece en el país, “el numero de detenidos se sabe es mayor pero las familias tienen miedo de denunciar“.
Diez de los presos políticos están encarcelados desde antes del estallido social de abril de 2018. En cuanto a los 222 reos políticos desterrados a Estados Unidos en febrero de 2023, la mayoría (62%) son manifestantes (45%) y miembros de organizaciones políticas ligadas a la oposición (17%).
“La persistencia de un clima de represión, junto con la reciente aprobación de leyes que amplían la vigilancia de las telecomunicaciones, los incidentes represivos, incluso contra simpatizantes y funcionarios del gobierno, ha intensificado la autocensura en la sociedad nicaragüense“, lamenta el Mecanismo en el trabajo.
El Mecanismo igualmente notó que el perfil de defensores y activistas de derechos humanos representa un 8% del total, mientras que los integrantes de movimientos sociales y la sociedad civil un 4%; “la variedad de perfiles disminuye, sugiriendo que el régimen ha debilitado a gran parte de estos actores organizados“, señala el texto.
En cuanto a los 135 reos políticos desterrados a Guatemala en septiembre de 2024, el perfil es más variado.
Destaca el aumento considerable de religiosos desterrados en comparación a la primera excarcelación masiva. De un 5% en febrero de 2023 a 26% en septiembre de 2024.
“Este incremento drástico refleja que el régimen percibe a las figuras religiosas como amenazas potenciales, dada su influencia moral y social. La represión hacia este grupo podría estar dirigida a socavar cualquier liderazgo moral que promueva valores de justicia y solidaridad“, analiza el Mecanismo.
Más reos sin perfil político
La categoría de “circunstancial” también aumentó considerablemente, de 2% en febrero de 2023 a 16% en septiembre de 2024, lo que según el Mecanismo apunta a una acrecentada tasa de encarcelamiento en contra de individuos sin un perfil político claro. 22% de los presos políticos desterrados en septiembre de 2024 no habían sido acusados de ningún delito, en comparación a 4% en febrero de 2023.
La aplicación de leyes represivas, como la Ley (1042) especial de ciberdelitos, fue el motivo de la mayoría (39%) de aprehensiones en el grupo de los 222, seguido de acusaciones espurias por delitos comunes (31%). En el grupo de los 135 hubo una inversión, con 28% de detenidos por leyes represivas y 38% por acusaciones espurias de delitos comunes.
17 y 11% de los grupos de desterrados a Estados Unidos y Guatemala respectivamente fueron acusados falsamente por delitos graves, como violación u homicidio.
De los 46 que permanecen detenidos, un 23.9% desconoce su condena.
Además, el Mecanismo informó de la desaparición forzada de 12 ciudadanos. El que más tiempo lleva desaparecido es Brooklyn Rivera, más de 400 días.
“Esta realidad, además de ser una grave violación de derechos humanos, ha generado un impacto profundo en la sociedad nicaragüense, sumiendo a familias y comunidades en una constante situación de incertidumbre y miedo“, señala el trabajo.