Financiamiento internacional a Nicaragua favorecen violaciones a derechos humanos, señalan organismos
Arif Bulkan señaló que “la comunidad internacional y diversos fondos, sin querer, están financiando crímenes de lesa humanidad” en Nicaragua.
El BCIE ha sido una de las instfituciones financieras que más ha apoyado al régimen de Daniel Ortega.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos difundió una nota de prensa en la que destaca que el Relator Especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Arif Bulkan, advirtió que la comunidad internacional y varias Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) están, sin querer, contribuyendo al financiamiento de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
Estas declaraciones se dieron en el marco de la audiencia temática “Nicaragua: apoyo financiero internacional y su impacto en los derechos humanos”, celebrada el jueves 14 de noviembre.
Durante su intervención, Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad, expuso la grave crisis democrática y de derechos humanos que vive Nicaragua.
“El régimen ha cancelado por motivos políticos más de 5,200 organizaciones de la sociedad civil de las 7,200 que existían en el país… Sin embargo, a pesar de la abundante documentación sobre la crisis, no se ha revisado ni suspendido los proyectos de desarrollo financiados internacionalmente”, alertó Fetterhoff.
Por su parte, Marcelo Azambuja, Oficial del Programa Legal de Raza e Igualdad, destacó que organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BCIE están actualmente financiando 88 proyectos en Nicaragua, con un valor total de USD 4.35 mil millones.
“Ninguna de estas instituciones ha mencionado públicamente la crisis como un factor que influya en la aprobación o supervisión de estos proyectos”, señaló Azambuja. Además, explicó que esta omisión está resultando en la violación del derecho a la libertad de expresión, ya que se limita el acceso a información pública sobre proyectos de desarrollo financiados internacionalmente.
Manuel Orozco, Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, enfatizó que la economía autoritaria del régimen se basa en la apropiación de los ingresos fiscales y el uso de los organismos estatales para extorsionar al sector privado.
Por su parte, Olga Valle, Directora de Urnas Abiertas, alertó que el modelo económico autoritario del régimen Ortega-Murillo y la falta de supervisión de los fondos públicos han llevado a que el Estado ya no sirva a los intereses del pueblo, sino que se haya convertido en una estructura cooptada al servicio de las élites.
Valle subrayó la necesidad de que las instituciones financieras internacionales asuman un papel más proactivo y riguroso en la fiscalización del uso de los recursos, garantizando el uso adecuado de los mecanismos de monitoreo y evaluación, e incorporando a la sociedad civil en estos procesos.
Uso indebido de fondos internacionales
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), señaló que uno de los patrones más graves de violación al Estado de Derecho en Nicaragua es la masiva cancelación de la personería jurídica de organizaciones sin fines de lucro, lo que ha reducido considerablemente la capacidad de la sociedad civil para monitorear la situación.
Por su parte, el Relator Especial de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan, reiteró que el gobierno nicaragüense sigue recibiendo una “inmensa financiación” para proyectos de desarrollo.
Sin embargo, advirtió que estos fondos, en lugar de ser destinados a proyectos sociales como infraestructura o programas de bienestar, terminan siendo apropiados por las élites en el poder. “La comunidad internacional y diversos fondos, sin querer, están financiando crímenes de lesa humanidad”, subrayó Bulkan.
Por su parte, el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, reconoció el esfuerzo de la sociedad civil nicaragüense por encontrar caminos para restablecer la garantía de derechos humanos en un contexto donde el gobierno ha optado por atropellar sistemáticamente los derechos civiles y políticos, incluida la libertad de expresión.
“La represión tiene un costo, y es esencial cuestionarnos de dónde provienen los recursos que permiten este entorno permisivo hacia la represión”, dijo Vaca.
Finalmente, las organizaciones Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Diálogo Interamericano, Fundación del Río y Urnas Abiertas pidieron a la CIDH que considere sus recomendaciones para promover medidas que garanticen el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
