Estados Unidos impone sanciones a 350 miembros de la Policía sandinista
Ni los nombres ni los rangos de los sanciones fueron divulgados por el Departamento de Estado, que asegura haber ya sancionado a más de 1700 individuos ligados al régimen sandinista.
Estados Unidos “tomó pasos para imponer restricciones de visa a unos 350 miembros de la Policía Nacional de Nicaragua”, señalada de numerosas violaciones a los derechos humanos, según comunicó el portavoz del Departamento de Estado de ese país, Matthew Miller, vía una misiva oficial el jueves, 14 de noviembre.
Miller explicó que esta decisión se toma “en consonancia con los esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) por promover la rendición de cuentas en materia de derechos humanos” para con Nicaragua.
The U.S. took steps to impose visa restrictions on over 350 members of the Nicaraguan National Police in line with UN and OAS efforts to promote human rights accountability. These actions reaffirm our unwavering support of freedom, justice, and dignity for the Nicaraguan people.
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) November 14, 2024
“Estas acciones reafirman nuestro apoyo inquebrantable a la libertad, la justicia y la dignidad del pueblo nicaragüense“, agregó el funcionario.
Ni los nombres ni los rangos de los sanciones fueron revelados por Miller, quien explayó que estos individuos son señalados particularmente por haber perpetrado “ataques selectivos contra la sociedad civil” que “han negado profundamente a su pueblo el acceso a servicios importantes y la libertad de organizarse, de expresar opiniones y de forjar su futuro sin temor a represalias“.
Hasta la fecha, de acuerdo el comunicado del Departamento de Estado, unos 1750 funcionarios ligados al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido objeto de sanciones estadounidenses.
Una plétora de sanciones ha venido siendo aplicada contra funcionarios sandinistas desde el estallido social de abril de 2018, en respuesta a la represión desatada y aún imperante, así como al socavamiento de instituciones y procesos democráticos. Además de Estados Unidos, entidades como la Unión Europea y sus países constituyentes han aplicado sus propias medidas de presión.
Estados Unidos instó al régimen sandinista a cesar las amenazas, el hostigamiento contra opositores y críticos del régimen, así como las detenciones arbitrarias, todas violaciones perpetradas a través de la institución policial y un entramado de estructuras partidarias para-estatales, según han documentado organizaciones de derechos humanos.