Voceras del régimen de Ortega intentan justificar violaciones a derechos humanos ante la ONU
El régimen apeló a sus propias leyes para justificar el repetido desdén que ha mostrado por los derechos y las libertades de sus ciudadanos.
Representantes del régimen sandinista presentaron su caso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante la XLVII Sesión del Examen Periódico Universal.
El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo defendió su política de violaciones a los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, intentando justificar la desnacionalización de centenares de sus ciudadanos y la revocación de la personería jurídica de miles de organizaciones no gubernamentales en una sesión del Consejo este miércoles, 13 de octubre.
La XLVII Sesión tuvo lugar en Ginebra, Suiza, como parte del Examen Periódico Universal sobre la situación de derechos humanos en el país, gobernado los últimos 16 años por Ortega, caudillo del Frente Sandinista. En la sesión, los representantes del régimen mantuvieron la postura de no adherirse al Estatuto de Roma.
Negarse al Estatuto implica que Nicaragua seguirá por fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), a la cual el régimen acusó de parcialidad y de “eximir de responsabilidades a Estados poderosos”, refiriéndose a países como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea, muchos de los cuales han emitido sanciones contra Nicaragua.
Jeanette García, delegada de la Procuraduría General de la República, acusó ante el Consejo a las más de 4 mil organizaciones no gubernamentales extinguidas por el régimen sandinista de haber recibido dinero (de países extranjeros, principalmente Estados Unidos) para “desestabilizar el país”, a pesar de no haber evidencia para tan extraordinaria acusación.
En cuanto al cierre y la confiscación ilegal de universidades privadas como la Universidad Centroamericana, la delegada acusó a dichas entidades de haber atentado contra las leyes del país. Según García, eran entidades deficientes “en asignaturas, número de docentes y emitían títulos en carreras no autorizadas”.
A pesar de las presiones que el régimen impuso sobre las universidades privadas (incluyendo la retención de fondos), el régimen no ha podido probar concluyentemente que fuesen deficientes, a como señaló García.
Por su parte, la delegada de la PGR, Carmen Rodríguez, alegó que las revocaciones de ciudadanía en perjuicio de más de 450 nicaragüenses, la mayoría de los cuales fueron también sujetos de prisión política, fueron legales de acuerdo con una serie de leyes y reformas constitucionales que el régimen impuso, refiriéndose a las leyes 1055 y 1145.
Sin embargo, equipos independientes e institucionales de defensores de derechos humanos concuerdan en que las detenciones ilegales se ejecutaron en contra de críticos del régimen, comenzando en el contexto de la crisis sociopolítica de 2018 y continuando en los últimos seis años.
Las leyes, además, entran en conflicto con otros compromisos internacionales adquiridos por el régimen, incluyendo la propia Declaración Universal de Derechos Humanos.
Niegan represión transnacional
El régimen aprovechó también para negar su participación en casos de “persecución internacional”, una modalidad represiva en la que nicaragüenses exiliados, a menudo miembros activos de organizaciones opositoras, han llegado a ser víctimas de acoso o han muerto en circunstancias sospechosas.
“El Estado de Nicaragua no acepta que se pretenda responsabilizarnos de supuestos casos de esa denominada ‘represión transnacional‘ o de cualquier otro tipo de intimidación u hostigamiento contra algún nicaragüense o cualquier otra persona en el exterior”, insistió María Elsa Frixion, delegada de la PGR.
Tanto el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua GHREN) de Naciones Unidas como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) han corroborada independientemente, trabajando de cerca con organizaciones nacionales forzadas al exilio, las numerosas violaciones perpetradas por el régimen sandinista.
En respuesta a las declaraciones de Nicaragua, 88 países intervinieron, expresando la mayoría preocupaciones sobre el rumbo que tomaba el país en materia de derechos humanos, libertades fundamentales y estabilidad política. De esos 88, sin embargo, 37 se negaron a admitir el problema y respaldaron a la dictadura, entre ellos Cuba, Honduras, Irán, Rusia y China.
