Informe denuncia control y represión a la libertad académica en Nicaragua

El nuevo informe denuncia que el  régimen ha implementado una estrategia para controlar las universidades y los centros de educación superior a través de distintos actos entre ellos la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica.

  • 1:25 pm
  • Nov 6, 2024

El cierre de la UCA es uno de los casos más emblemáticos de violaciones sistemáticas a la libertad académica en Nicaragua.

Cortesía
República 18

Un informe reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), revela violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos en Nicaragua, con un enfoque particular en el sector educativo, el derecho al trabajo, y la libertad de expresión. 

Según el documento, las violaciones en contra de estos derechos y libertades comenzaron en 2018, en el contexto de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y han continuado hasta 2023

El informe apunta que las autoridades nicaragüenses han implementado medidas represivas contra estudiantes, docentes y personal universitario, con el objetivo de controlar el sector académico y sofocar la disidencia.

Añade que la estrategia del régimen para controlar las universidades y los centros de educación superior ha sido implementada progresivamente a través de distintos actos.

Entre ellos “la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de la mayoría de las universidades privadas, reformas legislativas y el control institucional y político de las instituciones del subsistema de educación superior, especialmente el Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 225”.

Apunta  que en 2022, con la promulgación de la Ley No. 1114, el gobierno eliminó la autonomía académica de las universidades, lo que les permitió tomar control de la administración y el contenido educativo de las instituciones. El informe destaca que “esta medida ha afectado gravemente la calidad educativa y la libertad académica en el país”.

Además, el documento denuncia la expulsión masiva de estudiantes que participaron en las protestas de 2018 o que fueron identificados como opositores. 

Desde el inicio de las manifestaciones, más de 200 estudiantes han sido expulsados de sus universidades sin un debido proceso. “Estas acciones han dejado a los estudiantes sin la posibilidad de continuar sus estudios o de obtener títulos, afectando sus oportunidades de desarrollo profesional”, señala el informe.

Destacan como uno de los casos más emblemáticos el de la Universidad Centroamericana (UCA), una de las principales instituciones de educación superior en Nicaragua, que fue cerrada arbitrariamente por el gobierno.

 Según el documento, “el gobierno confiscó los bienes de la UCA, lo que supuso el fin de una institución independiente que durante décadas fue un espacio de libertad académica”.

Despidos injustificados a críticos 

En el documento se advierte que en el ámbito laboral, el informe documenta el despido injustificado de docentes y personal universitario que criticaron al gobierno o participaron en protestas.

Las investigaciones del Grupo de Expertos muestran que estas acciones violan las leyes laborales del país y los tratados internacionales sobre derechos humanos. “El Estado no solo ha fallado en proteger a los trabajadores del sector educativo, sino que ha sido directamente responsable de su persecución política”, exponen.

Así mismo,denuncian violaciones relacionadas con las condiciones laborales impuestas a los trabajadores del sector educativo, tales como la negación de aumentos salariales y la imposición de labores adicionales sin compensación.

Estas medidas van en contra de los principios establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Nicaragua es firmante, indican. 

Otras violaciones a las libertades fundamentales de la ciudadanía

Según el informe, el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica también ha sido gravemente vulnerado en Nicaragua. 

Señalan que estudiantes, profesores y periodistas que ejercieron su derecho a expresarse han sido objeto de persecución, hostigamiento y violencia. “El gobierno ha cerrado medios de comunicación independientes dentro de las universidades y ha utilizado la fuerza policial para reprimir manifestaciones pacíficas”, subraya el documento.

Apunta también que la represión de las protestas estudiantiles incluyó el uso de la fuerza letal por parte de la policía y grupos paramilitares afines al gobierno, lo que resultó en la muerte de decenas de personas y en cientos de heridos. Estas acciones violan el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege el derecho de reunión pacífica. 

“El uso de la fuerza letal para dispersar manifestaciones pacíficas es una violación flagrante de los derechos humanos”, advierte el informe.

El mismo documento también denuncia violaciones del derecho a la vida y la integridad personal. Durante las protestas de 2018, se documentaron casos de ejecuciones extrajudiciales y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades. Según el documento, “la represión violenta incluyó torturas y malos tratos a manifestantes detenidos, muchos de ellos estudiantes universitarios”.

Otro aspecto señalado en el informe es la privación arbitraria de la nacionalidad a personas críticas del régimen.