Acabar a la “Contra”: la política de exterminio del sandinismo contra la Resistencia Nicaragüense
Desde que cayó la primera dictadura sandinista en 1990, los combatientes de la Resistencia Nicaragüense han sido víctimas de una verdadera campaña de exterminio. Al regresar al poder el sandinismo en 2007, la cacería continúa.
El gobierno de transición de Violeta Barrios de Chamorro desarmó a ambos bandos de la guerra civil. Para muchos excombatientes, esto facilitó el exterminio sandinista de sus contrincantes en la RN.
Desde que acabó la última guerra civil nicaragüense a finales de la década del ’80, las muertes violentas de excombatientes en circunstancias sospechosas, particularmente de aquellos que militaron en la Resistencia Nicaragüense (RN) o “Contrarrevolución”, fueron el contrapunto de la tumultuosa década de transición entre 1990.
Desde el regreso del Frente Sandinista en 2007, la situación no ha cambiado. La participación de muchos de estos excombatientes en el Movimiento Campesino que se opuso a la construcción de un canal interoceánico hace ya más de 10 años, así como en el estallido social de abril de 2018, los puso en la mira del régimen sandinista de Daniel Ortega.
El caso más reciente fue registrado hace menos de una semana en Costa Rica, cuando Jaime Luis Ortega Chavarría, opositor al sandinismo y excombatiente desmovilizado de la RN, fue ultimado a balazos a escasos 10 kilómetros de la frontera con Nicaragua en una comunidad de Upala, Costa Rica, sin sospechosos identificados.
Un baño de sangre
El patrón de “pistoleros desconocidos atacan a la víctima en una zona fronteriza” se ha registrado en al menos dos casos: el de Alberto Midence, alias “El Flaco Midence”, acribillado a balazos el 22 de diciembre de 2013; y el de Byron López Zeledón, asesinado el 5 de febrero de 2015. Ambos excombatientes RN, ambos caídos en El Paraíso, Honduras, a escasa distancia de la frontera con Nicaragua.
Santos Guadalupe Joyas Borge, alias “Pablo Negro“, fue ejecutado en La Barranca, Honduras, en enero de 2012. Un disparo en el abdomen y otro en la frente dieron fin a su vida.
En el municipio de Trojes, en El Paraíso, Honduras, fue asesinado el excombatiente Santiago Rivera Müller, alias “Tigre-León”, el 21 de junio de 2019. Había participado en las protestas antigubernamentales de 2018, particularmente en los tranques (las barricadas que la población erigió a modo de presión en las principales vías del país) en El Cuá y Wiwilí.
Una semana después, en la misma localidad, fue asesinado el excombatiente Edgard Montenegro, alias “Comandante Cabezón”, el 27 de junio de 2019. Murió junto a su hijo adoptivo, Yalmar Zeledón Olivas, emboscados y acribillados con fusiles AK-47 cuando viajaban por carretera en una motocicleta. Ambos habían participado en las protestas y tranques junto a Rivera.
Casi un mes después, el 13 de julio, Francisco Sobalvarro, alias “Berman”, fue asesinado a balazos en su propia residencia en la misma localidad. Había participado en las protestas y esfuerzos opositores de su natal El Cuá, Jinotega, en 2018.
Al año siguiente, en 2020, fue asesinado el 6 de diciembre Gerardo de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, alias “Comandante Flaco”, en la misma localidad hondureña. Doce impactos de bala fueron encontrados en pecho, cabeza, cuello y en una de sus manos.
Pablo Emilio Salazar Paíz, alias “comandante Bravo”, torturado hasta la muerte en 1979 por un comando guerrillero al servicio del Frente Sandinista. El suyo fue uno de los primeros crímenes que demostró el alcance internacional del régimen sandinista. Foto: Nicaragua Traicionada, Anastasio Somoza Debayle
Honduras también fue el escenario de los primeros asesinatos de militares tras el golpe sandinista de 1979, habiendo caído ahí uno de los principales cabecillas de la Guardia Nacional del régimen somocista, Pablo Emilio Salazar Paíz, alias “Comandante Bravo”, torturado hasta la muerte por un comando guerrillero.
Una larga historia
“En los años ochenta también se dieron casos de atentados”, dijo a República 18 el excomandante de la RN, Luis Fley, apuntando a los atentados que hubo contra otros de sus compañeros de lucha.
“Siempre han existidos asesinatos en contra de los miembros de la Resistencia Nicaragüense. En el periodo de doña Violeta (Barrios de Chamorro, 1990-1996), nosotros como comandantes nos quejamos con ella y ella nombró una comisión tripartita para que se investigaran los asesinatos”, continuó.
Según Fley, en aquel tiempo más de 220 miembros de la RN fueron asesinados en circunstancias sospechosas, según documentó la Organización de Estados Americanos (OEA) y una comisión oficial con apoyo de la Iglesia católica.
Entonces la amplia mayoría se había desarmado, honrando los acuerdos de paz que acabaron con la guerra en la década pasada, pero la situación llevó a muchos a tomar las armas de nuevo. La violencia marcó, pues, el periodo de la transición. Los “Recontras”, grupos de veteranos de la RN se enfrentaban a los “Recompas”, grupos de veteranos del Ejército Popular Sandinista (EPS), acusándose mutuamente de asesinatos.
“No pasó nada”
Pero “no pasó nada. En aras de la reconciliación, doña Violeta no procedió a enjuiciar a los señalados de asesinar a los miembros de la RN“, lamentó el excomandante.
Todavía en el país se han documentado asesinatos de este tipo. En 2017, por ejemplo, los hermanos Francisco y Rafael Pérez fueron asesinados en un operativo del Ejército de Nicaragua, al servicio del régimen sandinista, en la Región Autónoma del Caribe Sur. Ambos pertenecieron a la RN.
Con apoyo material y logístico de Estados Unidos, la Resistencia Nicaragüense fue el último grupo armado que plantó resistencia al Frente Sandinista durante su primera dictadura, de ahí la hostil campaña que el nuevo gobierno sandinista ha llevado en su contra.
En su tiempo estuvo compuesta por una coalición de campesinos desposeídos y afectados por el gobierno revolucionario, ex-militares de la Guardia Nacional del extinto régimen somocista y ex-guerrilleros sandinistas descontentos con el rumbo revolucionario.
