Régimen sandinista rechaza ingreso de comisión interparlamentaria
La comunicación firmada por Porras, señala que “ninguna Misión de Organismos Internacionales, incluyendo a la Unión Interparlamentaria (UIP), puede ingresar al Territorio Nicaragüense sin previa invitación o autorización del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”.
Los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez.
El régimen de Daniel Ortega, rechazó el ingreso a Nicaragua a la Unión Interparlamentaria (UIP) y reiteró que los organismos internacionales no podrán entrar al país “sin una previa invitación o autorización”.
Mediante una misiva firmada por el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, fue quien hizo la notificación, luego de que dicha instancia internacional indicará su interés en enviar un Comité de Derechos Humanos en busca de entablar “un diálogo constructivo y continuo” sobre la situacióndel país y abogar especialmente por la de los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez.
El Consejo de la UIP habría señalado que esperaba “sinceramente que las autoridades nacionales competentes cooperen plenamente y que la misión contribuya a encontrar rápidamente soluciones satisfactorias a este caso de conformidad con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos aplicables”.
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Porras agregó que se había enterado por los medios de comunicación que los miembros del Consejo Directivo de la UIP pretendían enviar a Nicaragua una Delegación del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, con distintos objetivos y temas no consultados con las Autoridades nicaragüenses.
“Ninguna Misión de Organismos Internacionales, incluyendo a la Unión Interparlamentaria (UIP), puede ingresar al Territorio Nicaragüense sin previa invitación o autorización del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”, apuntó.
Casos de Rivera y Henríquez evidencia la gravedad de la situación de Nicaragua
El abogado Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señaló que la comunidad internacional está mostrando interés en abogar por los presos políticos en Nicaragua. Después de seis años de represión, hay una Unión Parlamentaria que busca ingresar al país, similar a lo que hizo el Parlamento Europeo en 2019, destacó.
“Este interés podría generar medidas más efectivas para garantizar la seguridad y la integridad física de los detenidos, no solo en el caso de Nancy Henríquez y Brooklyn Rivera, sino de todas las personas reconocidas como prisioneros políticos, así como aquellas que aún no han sido reconocidas y están detenidas arbitrariamente en los centros penitenciarios de Nicaragua”, expuso Valdivia.
Insisitió que desde el Colectivo se ha planteado que estas desapariciones forzadas representan un nuevo patrón represivo que se está implementando de manera más sistemática.
“A finales de 2023 y en lo que va de 2024, hemos visto un incremento en el número de desapariciones. Mientras que en 2018 las desapariciones eran temporales, desde 2023 estas se han prolongado, dejando a las familias sin conocimiento del paradero de sus seres queridos”, apuntó.
Valdivia expuso que estas desapariciones no afectan solo a opositores y disidentes, sino también a personas que no expresan opiniones favorables al régimen, lo que es peligroso para todos los nicaragüenses.
“En el caso de Brooklyn Rivera, cuyos familiares han denunciado su desaparición, y Nancy Henríquez a quien sus familiares han logrado ver de manera limitada, se evidencia la gravedad de la situación”, señaló.
El abogado insistió que el régimen no solo está reprimiendo como lo ha hecho desde 2018, sino que lo está haciendo de forma más cruel, negando información a los familiares.
Esto genera una doble afectación: las familias no conocen el paradero de los detenidos, quienes tampoco pueden recibir medicamentos, paquetes ni alimentación, ni siquiera las visitas que les corresponden como derecho, lamentó.
