Nicaragua entre los países con peor Estado de derecho en el mundo
Desde que el Índice del Estado de derecho empezó a computarse en 2015, Nicaragua, bajo liderazgo sandinista, no ha hecho más que desplomarse. Sólo Venezuela está peor en la región.

El Estado policial construido por el régimen sandinista en los últimos años supone una negación del Estado de derecho, han denunciado opositores.
Nicaragua es el sexto país con el peor Estado de derecho en el mundo, según su más reciente puntaje en el Rule of Law Index (Índice de imperio de la ley) del Proyecto Mundial para la Justicia (WJP, por sus siglas en inglés) que con 0.34 lo ubica en el puesto 137 de una selección de 142 países.
El índice se computa en base a ocho factores: límites a los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, apertura del gobierno, derechos fundamentales, seguridad y orden, aplicación de regulaciones, justicia civil y justicia criminal. En esos factores, Nicaragua quedó peor calificada en cuanto a los límites a la autoridad, siendo el segundo peor en el mundo, sólo después de Venezuela.
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En relación al año anterior, la puntuación sigue siendo la misma. Desde que el índice empezó a calcularse en 2015, las libertades y el Estado de derecho en Nicaragua se han deteriorado significativamente. Prácticamente la última década de gobierno sandinista vio al país desplomarse del puesto 91 (con una puntuación de 0.42) al actual 137, en particular a partir de 2018.
Al régimen sandinista de Daniel Ortega sólo lo superan Birmania, Haití, Afganistán, Cambodia y Venezuela. Al tope de la lista se encuentran países europeos, como Dinamarca (0.90) y Reino Unido (0.78), así como otros países desarrollados, como Japón (0.79) y Canadá (0.80).
El país mejor calificado de la región es Costa Rica (0.68), en el puesto 29, seguido de Chile (0.66) en el puesto 36.
Nicaragua se encuentra al fondo de la lista, como el año pasado, en términos de protección y garantías legales. Fuente: WJP
En el más reciente Examen Periódico Universal (EPU) del país ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el régimen intentó ocultar la situación a través, en palabras del liderazgo de una coalición opositora, “mentiras, omisiones y manipulaciones“.
En particular, el régimen sandinista ha construido un entramado legal con el que ha encarcelado a centenares de sus ciudadanos. La mayoría ha sido desterrada y a un total de 451 personas el régimen ha revocado la ciudadanía y confiscado sus bienes desafiando a la Constitución política.
Nada al Nashif, alta comisionada adjunta de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), llegó a calificar al régimen como “una perversa negación del Estado de Derecho“.
La situación en Nicaragua a partir del estallido social de abril de 2018 ha sido documentada ampliamente por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y ahora el Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua (GHREN), entre otras iniciativas independientes.
La iniciativa opositora Monitoreo Azul y Blanco registró, en los seis años desde aquel estallido aplacado por la represión del régimen sandinista, unas 11 350 violaciones a los derechos humanos, afectando a unas 15 641 víctimas bajo diversos métodos y estrategias de represión. El total de fallecidos a manos del Estado y partidarios sandinistas superó los 350 tan sólo el primer año.