Denuncian nueva modalidad de confiscación en Nicaragua
Los especialistas consultados coinciden que estas declaraciones generan incertidumbre en la ciudadanía.
Fachada de la Procuraduría General de la República
En los últimos días, la Procuraduría General de la República de Nicaragua (PGR) mediante publicaciones en La Gaceta, declaró 43 propiedades privadas como utilidad pública, alegando “que se encuentran en estado de abandono y que podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses”.
El abogado Yader Morazán expresó su preocupación por lo que considera una “nueva modalidad de confiscación“, que se caracteriza por la falta de transparencia y publicidad en los procesos, evitando que los expropiados puedan oponerse legalmente.
Morazán recordó que la Constitución Política de Nicaragua “garantiza el derecho a la propiedad privada y prohíbe cualquier tipo de confiscación, subrayando que los funcionarios que violen este mandato pueden enfrentarse a responsabilidades penales, administrativas y civiles, conforme al Artículo 44 “.
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El especialista remarcó que las expropiaciones deben realizarse únicamente por razones de utilidad pública o interés social, lo que requiere la emisión de un decreto ministerial público en el que se identifiquen claramente las propiedades afectadas, las razones que justifican la expropiación y se incluyan informes técnicos.
Lamentó que la Procuraduría General de la República está emitiendo decretos que carecen de información clara, dejando a los ciudadanos en incertidumbre sobre la titularidad de sus propiedades.
El abogado agregó que este nuevo sistema se ve facilitado por el uso de códigos electrónicos generados por el Sistema Integrado de Información de Catastro y Registro (SIICAR), que impiden que los propietarios se den cuenta que han perdido sus bienes. Además, denunció que los Registros de la Propiedad han dejado de ser públicos y han pasado a estar bajo la rectoría de la Procuraduría, que actúa como juez y parte en estos procesos. Advirtió que esto, sumado a las recientes reformas penales, crea un ambiente legal preocupante.
Medida es arbitraria e ilegal
Una abogada, consultada bajo condición de anonimato, señaló que esta medida se ejecuta de manera arbitraria e ilegal. Según la fuente, se está prescindiendo de procesos formales, como la declaración de utilidad pública y no se están proporcionando notificaciones a los propietarios.
Señaló además, que los ciudadanos afectados no están recibiendo la debida compensación, ni la oportunidad de defenderse, lo que va en contra del debido proceso.
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La experta indicó que en condiciones normales, este tipo de acciones deben pasar por un procedimiento legal, con notificaciones y compensaciones adecuadas a los propietarios, lo cual no está ocurriendo en estos casos. Mencionó que es muy probable que varias de las propiedades en cuestión no están siendo utilizadas para los fines de utilidad pública alegados.
Finalmente señaló que este clima de incertidumbre está afectando tanto a nacionales como a extranjeros, que ahora dudan sobre invertir en el país o deciden vender sus propiedades a precios bajos debido a la inseguridad jurídica que perciben.
