Expropiación irregular de propiedades en Nicaragua son “un verdadero robo”, denuncia experto
La expropiación irregular de 43 propiedades revive un periodo oscuro de la historia de Nicaragua.
La confiscación de 35 propiedades en el departamento de Managua el miércoles y otras 8 en Masaya el jueves a través de la Procuraduría General de la República (PGR), controlada por el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se realizó bajo la Ley (229) de expropiación de 1976, una ley aprobada bajo la dictadura somocista.
“Para fortalecer la seguridad ciudadana y nacional” y “en aras de promover el desarrollo del país, específicamente en el departamento de Masaya” fueron las justificaciones que el régimen blandió en los acuerdos administrativos 38- y 39-2024 respectivamente. Sin embargo, para ambas expropiaciones hubo una serie de irregularidades.
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“El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua establece una expresa prohibición de la confiscación de los bienes y propiedades de la población nicaragüense”, explicó Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. A esta prohibición, dijo el experto, sólo aplica una excepción.
“La expropiación por razones de utilidad pública o social, con una previa y justa indemnización lo cual acarrea un proceso en el que las personas afectadas son o deben ser parte con todos los derechos y garantías“, señaló.
No hay evidencias de que estos procesos tuviesen lugar. Más bien, la procuradora general de la república, Wendy Morales, argumentó riesgos supuestos de comisión de crímenes y en propiedades (presuntamente) abandonadas.
“Para que haya expropiación debe organizarse un procedimiento en el que la persona afectada es citada y tiene el derecho de ser oída para que la expropiación cumpla los requisitos constitucionales”, según explicó Carrión. Al no haber nada de esto, Carrión calificó estos despojos como ilegales y violatorios de la Constitución.
“En consecuencia, la expropiación es verdadera confiscación, continuación de lo que ya vienen haciendo contra personas despojadas de nacionalidad, con las cancelaciones de organizaciones no gubernamentales e inicia posiblemente una racha contra miles de personas que están fuera del país“, lamentó Carrión, haciendo referencia a la llamada “Ley de los ausentes”.
El Decreto 760 del 19 de julio de 1981, en el segundo aniversario de la primera dictadura sandinista, aprobó la “apropiación por el Estado de los bienes abandonados” en consonancia con la política de confiscaciones masivas inaugurada primero contra la familia Somoza, luego contra sus partidarios y más tarde más ampliamente contra cualquiera considerado “contrarrevolucionario” por el régimen sandinista.
La que más tarde se conocería como “Ley de los ausentes” contribuyó al robo de 28 mil propiedades, muchas de las cuales fueron entregadas a cooperativas sandinistas, así como a altos mandos y simpatizantes del régimen. Algunas hasta la fecha siguen en manos sandinistas, a pesar de los esfuerzos de gobiernos posteriores de regresarlas a sus legítimos propietarios.
“En la práctica, constituye no sólo despojo, sino un verdadero robo“, acusó finalmente Carrión.