Reformas migratorias en Costa Rica violan derechos humanos de comunidad LGBTIQ+

Aunque lo niega, la administración de Rodrigo Chaves ha creado una serie de obstáculos para quienes migran a Costa Rica. En un informe colaborativo, IRCA-Casa Abierta señala cómo afectan a la comunidad LGBTIQ+ desproporcionadamente.

  • San José, Costa Rica
  • 4:40 pm
  • Oct 16, 2024

El informe contó con la participación de 5 organizaciones defensoras de derechos de personas LGBTIQ+; no participó ninguna organización nicaragüense.

República 18

“Evidenciando la violencia por prejuicio hacia personas LGBTIQ+ en Centroamérica” lleva por título el más reciente informe publicado desde la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA) con apoyo de otras organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos de personas de sexualidad diversa.

Se trata de un estudio de casos basado en la estandarización y análisis de datos proporcionados por cinco organizaciones de la sociedad civil: el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ+ para Centroamérica (IRCA-Casa Abierta, Costa Rica), la Asociación Lambda (Guatemala), Somos CDC (Honduras), ASPIDH Arcoíris y AMATE (ambas El Salvador).

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Aunque el informe no tiene un apartado propio para la situación en Nicaragua (en el país ya no quedan organizaciones independientes de defensa de personas LGBTIQ+), sí evalúa, en su apartado para Costa Rica, el impacto de la política migratoria de la administración del presidente Rodrigo Chaves sobre migrantes LGBTIQ+ que han pasado por las instalaciones de IRCA-Casa Abierta, en su mayoría nicaragüenses.

En concreto, se refiere al Decreto Ejecutivo 43810-MGP de 2022, una reforma al Reglamento de Personas Refugiadas que pretendía eliminar “abusos” percibidos por la administración de Chaves en la figura del refugio. El informe, sin embargo, documentó que “estas nuevas disposiciones migratorias han demostrado ser una violación de los derechos humanos, afectando especialmente a las poblaciones LGBTIQ+”.

Como ejemplo se menciona la disposición de la reforma que exige a migrantes con permiso laboral un seguro médico vigente para
renovar el documento. En consecuencias, los migrantes adquieren una deuda cada vez más grande con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y paralelamente aumentan el empleo informal, donde es más probable que sufran explotación y precarización laboral.

Las mujeres trans son particularmente afectadas, ya que la exclusión y la falta de oportunidades las obligan a recurrir al trabajo sexual para sobrevivir“, explica la investigación.

IRCA-Casa Abierta ha trabajado con 57 personas solicitantes de refugio que ingresaron al país después de la reforma. “Ninguno tiene aún permiso laboral y otras 33 personas en condición irregular no han podido acceder a una cita de refugio pese a cumplir con el perfil apropiado“, revela el informe.

Doble estigma

Estas personas son víctimas de doble estigmatización. Primero al salir de sus países perseguidos a menudo por el prejuicio de sus familias y comunidades, pero también, a partir de la crisis sociopolítica de abril de 2018, por el régimen sandinista de Daniel Ortega.

“En el caso de las personas migrantes LGBTIQ+ que atiende IRCA-Casa Abierta, en el 39% de los casos el victimario fue un pariente (madre, padre, tío, abuelo, primo), otro tipo de agresor corresponde al 23% y un 15% eran autoridades o policías“, apunta el informe.

Un 66% son solicitantes de refugio y un 18% se encuentran en condición migratoria irregular. Aunque las autoridades lo niegan, el informe corrobora que en el país “existen serias dificultades para que estas personas regularicen su situación migratoria y accedan a una cita de refugio“.

El informe estima que  “un nuevo decreto que derogue estos parámetros” será firmado eventualmente luego de cambios administrativos y fallos de la Sala IV de lo constitucional que han ordenado la derogación de algunas de las disposiciones de Chaves, como la prohibición de salida del país a refugiados.

Por ello, IRCA-Casa Abierta hace un llamado a “cuestionar el papel que tiene la sociedad y los Estados para perpetrar y reproducir discursos de odio hacia estas poblaciones, quienes se ven obligadas a salir de su país de origen a causa de la violencia y como una forma de proteger su vida”.

En otros países centroamericanos la situación tampoco muestra mejorías substanciales. Del total de crímenes de odio registrados para el informe, la amplia mayoría (144) se concentró en Guatemala y otros 10 fueron registrados en Honduras (10). Entre esas muestras de violencia se cuentan los asesinatos de 42 mujeres trans.

En Nicaragua, tan sólo en lo que va de 2024, se han registrado unos 108 ataques contra personas LGBTIQ+, según un informe de Observatorio LGBTIQ+ de Nicaragua publicado a principios de octubre.

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