Régimen intenta ocultar violaciones a derechos humanos ante Naciones Unidas
A pesar de la amplia documentación por organismos nacionales e internacionales, el régimen sandinista sigue negando su responsabilidad en la sistemática violación de los derechos humanos de los nicaragüenses.
A través de la Policía Nacional y otras instituciones del gobierno cooptadas, el régimen sandinista implantó un Estado policial luego del ciclo de protestas en abril de 2018.
Nicaragua presentó ante la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos otra entrega del Examen Periódico Universal (EPU) el domingo, 13 de octubre. Pero el documento de veinte páginas no habla sobre las violaciones a la libertad de asociación ni a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes reportados por otras instancias de Naciones Unidas.
El régimen se limitó a listar proyectos que lleva a cabo con el fin supuesto de aumentar el acceso a derechos económicos, laborales, de familia, salud y niñez y adolescencia, entre otros. Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos, el Grupo Especial de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) y otros seis organismos lamentaron la falta de cooperación del régimen sandinista en los últimos años.
“Desde 2019, hubiera dejado de cooperar y no hubiera presentado respuestas a las listas de cuestiones ni hubiera participado en los diálogos constructivos con” seis órganos dedicados a la defensa de los derechos humanos, entre ellos el Comité para la eliminación de la violencia hacia la mujer y el Comité contra la tortura, según señala un informe recopilatorio paralelo a la entrega del Estado nicaragüense.
El Consejo a su vez expresó preocupación por “la continua negativa de Nicaragua a cooperar con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos” y el GHREN, por “la falta de cooperación del Gobierno de Nicaragua y, en especial, la falta de acceso al país” para realizar sus labores de investigación.
Lea además: Artistas en riesgo, así penaliza el régimen de Nicaragua la libertad de expresión
El ciclo anterior del EPU dio como resultado 260 recomendaciones de los diferentes países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos y de la evaluación del EPU. El régimen Ortega-Murillo aceptó 135 recomendaciones y 124 no aceptó.
Según explicó a República 18 el ambientalista y defensor de derechos humanos nicaragüense, Amaru Ruiz, de las rechazadas, 100 fueron descartadas, por haber supuestos “vacíos”. El régimen aseguró que “no aplicaban por falta de fundamento y distorsión de la realidad“, citó Ruiz.
Este nuevo ciclo de evaluaciones (IV) corresponde y trabaja solamente a las recomendaciones aceptadas por Nicaragua en el anterior ciclo.
“Es importante mencionar que dentro de las recomendaciones aceptadas sobre los derechos de libertad de expresión y asociación, el Estado asegura que los medios de comunicación mantienen una diversidad de 294 estaciones de radiodifusión y 26 estaciones de televisión abierta, alegando que existe respeto, independencia y pluralismo”, apuntó Ruiz.
Pero “no habla sobre el derecho en sí, pese a que hubo diversas recomendaciones” en ese respecto, dijo el experto. Entre esas recomendaciones están la restitución de la personería jurídica a más de 5 mil organizaciones no gubernamentales, incluyendo radiodifusoras y publicaciones independientes, fulminadas por el régimen sandinista desde 2018.
Anula demandas del Caribe
Asimismo, el régimen sigue citando como prueba de su trabajo a favor de los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes que desde 2007 se han titulado 23 territorios indígenas, comprendiendo el 31.64% del territorio nacional y beneficiando a unas 15 comunidades indígenas. El informe no ahonda en la situación del Caribe nicaragüense.
“Aseguran que los títulos reconocen el pleno dominio bajo la forma comunitaria; sin embargo, omite toda la información y recomendaciones generadas por el GHREN e informes independientes que señalan y cuestionan violaciones en el contexto del Proyecto BioClima“, reclamó el ambientalista.
No se mencionan los asesinatos de comunitarios, las invasiones y desplazamientos de comunidades, los ataques y violaciones contra mujeres perpetrados por invasores que actúan en impunidad. “Anulan todos los cuestionamientos que se han hecho en el marco del mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, agregó.
Según explicó Ruiz, el proceso de escrutinio de parte de las autoridades de derechos humanos de Naciones Unidas iniciará a principios de noviembre en base a lo que presentan el Estado nicaragüense, las diferentes entidades de Naciones Unidas y los varios comités vinculados al Sistema Universal. Nuevas recomendaciones serán emitidas y se fijará el siguiente (V) ciclo del EPU para continuar el proceso.
Jan Simon, presidente del GHREN y encargado de investigar violaciones a los derechos humanos derivadas de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, ha expresado en reiteradas ocasiones que el régimen sandinista es un violador serial y sistemático de los derechos humanos de su propia población y responsabiliza a Ortega y a Murillo de estas circunstancias.
Al presentar un informe a finales de febrero, Simon declaró que Ortega, Murillo “y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”.
