Régimen presenta a Sonia Castro en nueva lista de candidatos a la Secretaría del SICA
La exministra de salud fue sancionada por Estados Unidos, señalada de “violaciones significativas de los derechos humanos”.

María Amelia Coronel Kinloch (izq.), ministra del interior; Arling Patricia Alonso (cntr.), diputada sandinista parte de la directiva de la Asamblea Nacional; Sonia Castro (der.), exministra de salud señalada por severas violaciones a los derechos humanos.
El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo retiró oficialmente su lista de candidatos para la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) presentada en noviembre de 2023 luego de que su candidato estrella, el ahora canciller Valdrack Jaentschke Whitaker, fuese rechazado por el organismo.
La noticia fue comunicada por el organismo el pasado 9 de octubre. Ninguno de los miembros del SICA llegó a consenso el 28 de agosto y ahora el régimen insistió en su causa para ocupar la Secretaría General.
Se trata de tres mujeres: María Amelia Coronel Kinloch, la ministra del interior; Sonia Castro González, exministra de salud; y Arling Patricia Alonso Gómez, diputada sandinista por Chinandega desde hace más de una década.
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Las tres son reconocidas operadoras políticas del sandinismo, como la anterior lista de candidatos.
Alonso es parte de la directiva de la Asamblea Nacional bajo control absoluto del régimen sandinista, apoyando la legislación que ha permitido al Frente Sandinista permanecer y acrecentar su poder en Nicaragua en la última década.
Destacan particularmente Coronel, por su papel en la cancelación de miles de organizaciones no gubernamentales a través del ministerio que encabeza, y Castro, por su papel al frente del Ministerio de Salud (MINSA) durante el inicio de la crisis sociopolítica de abril de 2018.
Investigaciones de la prensa independiente apuntan a que Castro ordenó negar la atención médica a manifestantes durante el estallido social contra la violencia del régimen de Daniel Ortega. Por ello fue sancionada por Estados Unidos, señalada de “violaciones significativas de los derechos humanos“, y eventualmente destituida por el régimen sandinista en 2019.
No está claro cómo espera el régimen ubicar en la presidencia del SICA, un organismo multilateral con lazos importantes con Estados Unidos, a un individuo sancionado por ese país.
Las acusaciones contra Castro son corroboradas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero Castro nunca fue investigada en Nicaragua ni puesta a la disposición de tribunales internacionales para esclarecer la situación.