España también ofrecerá la nacionalidad a familiares de 135 nicaragüenses desterrados a Guatemala
Juan Manuel Albares, canciller español, anunció que la medida también beneficiará a “familiares de primer grado en situación de precariedad”.
José Manuel Albares, canciller español, anunció el ofrecimiento de nacionalidad a 135 ciudadanos nicaragüenses desterrados por el régimen sandinista.
El Reino de España extenderá la nacionalidad a los 135 ex-reos políticos nicaragüenses desterrados hacia Guatemala el pasado 5 de septiembre por orden del régimen sandinista de Daniel Ortega. Así lo informó el canciller español, José Manuel Albares, este viernes, 4 de octubre.
En esta ocasión también se verán beneficiados “familiares de primer grado en situación de precariedad”, según dijo el canciller.
“España, con nuestra política exterior actual, es y será siempre hogar de nuestros hermanos latinoamericanos que defienden la libertad y la democracia”, dijo Albares ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español.
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Esta decisión expande sobre la anterior extensión de la ciudadanía a 222 ex-reos políticos desterrados por el régimen sandinista en febrero de 2023. “Nuestro compromiso con ellos es firme“, declaró el funcionario.
El 10 de septiembre, el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo revocó la nacionalidad de 135 ciudadanos que, durante varios meses, mantuvo como presos políticos en Nicaragua por diversas expresiones de oposición, cuando no por decisiones arbitrarias de su parte.
No es la primera vez que esto ocurre, como señaló Albares. En total, casi medio millar de nicaragüenses han perdido su nacionalidad desde que inició la crisis sociopolítica en abril de 2018.
Entre los afectados se cuentan activistas, religiosos, académicos, líderes opositores, defensores de derechos humanos, personalidades de internet e incluso otros sandinistas.
El proceso ha sido calificado por expertos legales como una “muerte civil”, puesto que la mayoría de los afectados no poseía otra nacionalidad al perder la nicaragüense y, por tanto, quedaban apátridas.
Esta ha sido la principal represalia del régimen sandinista luego de la prisión injusta y la desaparición forzada.
Esta táctica entra en conflicto directo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, específicamente con el artículo 15, cuyo dictamen es que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.
Por ello se considera que el régimen sandinista comete un crimen de lesa humanidad con cada desnacionalización y destierro.
