Caso del periodista nicaragüense Ángel Gahona llega a la Corte IDH tras denuncia de la CIDH
En su Informe de Fondo, la CIDH afirmó que las pruebas señalan que el disparo que mató a Gahona fue realizado por un agente estatal y que este hecho estaba relacionado con su labor periodística.
A pesar de las múltiples demandas de justicia, el asesinato del periodista Gahona continúa impune.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso del periodista Ángel Eduardo Gahona López, exigiendo justicia por su asesinato.
El caso fue sometido el 4 de julio de 2024 y alega que Gahona fue ejecutado extrajudicialmente por agentes estatales, y que el crimen permanece en la impunidad.
El 21 de abril de 2018, durante una manifestación en Bluefields, Gahona estaba cubriendo los enfrentamientos entre manifestantes y la policía cuando recibió un disparo.
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“Aunque fue auxiliado por civiles, testigos aseguran que la Policía Nacional no le brindó asistencia, y Gahona falleció poco después en el hospital. Dos jóvenes, Brandon Lovo y Glen Slate, fueron condenados por su asesinato, sin embargo, fueron liberados en 2019 bajo una Ley de Amnistía”, expone la CIDH.
En su Informe de Fondo, la CIDH afirmó que las pruebas señalan que el disparo que mató a Gahona fue realizado por un agente estatal y que este hecho estaba relacionado con su labor periodística, ya que en el momento de su muerte cubría en vivo las protestas contra el Estado.
La Comisión destacó además que Gahona había recibido amenazas previas debido a su trabajo investigativo sobre temas de gran relevancia pública.
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Agregan que la CIDH observó que el Estado no presentó pruebas sobre el cumplimiento de los requisitos de finalidad legítima, necesidad absoluta y proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de agentes policiales.
Asimismo, criticó la Ley 966, Ley de Amnistía, argumentando que su objetivo era impedir la investigación y persecución de violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas, lo que vulneró los derechos a garantías judiciales y protección judicial.
LA CIDH recomendó al Estado no solo reparar las violaciones de derechos humanos, tanto de manera material como inmaterial, sino también adoptar medidas de compensación económica, esclarecer los hechos, implementar mecanismos para prevenir la repetición de estos actos, y crear un plan integral de reparaciones para las víctimas de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018.
