¿Qué se sabe sobre la suspensión de apoyo estadounidense a Nicaragua?

El gobierno estadounidense del presidente Joseph Biden “no proveerá asistencia fuera de los campos humanitario y comercial, ni permitirá financiamiento para programas culturales o educativos” para el régimen sandinista de Nicaragua, entre otros países, para el año fiscal 2025, toda vez que no cumplan las condiciones mínimas para la protección de las víctimas de la trata de personas.

La decisión fue comunicada en un memorando (14-2024) del presidente Biden para el Secretario de Estado el pasado 30 de septiembre.

En el documento se instruye a los directores ejecutivos “de cada banco de desarrollo multilateral estadounidense, según los define la ley, y del Fondo Monetario Internacional (FMI), votar en contra o utilizar sus mejores esfuerzos para denegar cualquier préstamo u otro uso de fondos” a los gobiernos señalados.

Lea además: Red de pornografía infantil operaba en Nicaragua desde Estados Unidos

Además de Nicaragua, también fueron incluidos Bielorrusia, Birmania, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Irán, la región administrativa especial de China en Macau, la República Popular China, Rusia, Sudán del Sur y Siria. La decisión se fundamenta en la Sección 110 de la Ley de protección a las víctimas de la trata de personas y la violencia (H.R.3244) del año 2000.

Dicha sección sólo establece que, para evitar esta clase de sanciones, los países deben cumplir “estándares mínimos” para combatir la trata de personas y proteger a las víctimas, pero no los define. Más bien, el cumplimiento de dichos estándares se evalúa a través de informes del Departamento de Estado que el Secretario de Estado presenta a comités parlamentarios apropiados.

Con “trata de personas”, Estados Unidos suele aludir al problema más amplio de la migración masiva e irregular hacia territorio estadounidense, uno de los principales puntos focales de la trata de personas y otros abusos dirigidos a migrantes en situación vulnerable.

La Ley que fundamenta esta decisión directamente lidia con migrantes víctimas de la trata de personas, a quienes asegura “beneficios y servicios” en territorio estadounidense, de parte de los departamentos de Trabajo, Salud y Servicios Humanos, entre otros, independientemente del estatus migratorio de dichas víctimas”.

También les garantiza protección contra la detención en instalaciones federales, atención médica y resguardo en caso de existir la posibilidad de que sea violentado o recapturado por el traficante, entre otros beneficios.

“El Secretario de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos deben establecer y llevar a cabo programas e iniciativas en países extranjeros para asistir la segura integración, reintegración y reasentamiento de las víctimas de la trata de personas y de sus hijos“, mismos que deberá suspender en casos como los descritos en el memorando.

Ortega el traficante

El Departamento de Estado ha definido a Nicaragua como un país facilitador del tráfico humano en comunicaciones anteriores. El pasado 13 de junio Matthew Miller, vocero de la institución, declaró que “el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua continúa beneficiándose financieramente de la explotación de migrantes vulnerables“.

Esto a raíz de la política de puertas abiertas para el tránsito de migrantes de todo el mundo vía vuelos charter aplicada desde finales de 2023, pero con antecedentes en la exención de visado de ciudadanos cubanos en 2021. Se estima que cerca de 89 mil migrantes asiáticos y africanos cruzaron Nicaragua en su camino hacia Estados Unidos por medio de estos vuelos entre enero de 2023 y febrero de 2024.

En respuesta, el Departamento de Estado aplicó una política de sanciones contra facilitadores de estos vuelos, sobre todo ejecutivos, en noviembre de 2023, luego de un aumento sin precedentes en el tránsito de estos vuelos en el país. Dicha disposición fue expandida en febrero de 2024 y hasta la fecha sigue vigente.

Lea además: Aviones del Estado cubano desafían sanciones de EEUU contra vuelos charter hacia Nicaragua

La política permisiva del régimen sandinista fue foco de atención nuevamente luego del arresto de 8 presuntos terroristas ligados al Estado islámico procedentes de Tayikistán. Al menos 373 ciudadanos tayikos atravesasen Nicaragua rumbo a Estados Unidos, según reportó el diario La Prensa con información del Instituto Nacional de Migración de Honduras.

Adicionalmente, uno de estos vuelos charter con rumbo a Nicaragua fue detenido por sospechas de trata de personas en Francia en enero de este año.

Cada viajero supone para el régimen sandinista un beneficio económico, puesto que el tránsito sin visa en territorio nacional supone una multa de 150 dólares, además de los cobros propios del Aeropuerto Internacional de Managua.

Estimados de Diálogo Interamericano ubican el monto total a unos 200 dólares por cabeza, pero dada la poca transparencia debido a la naturaleza irregular del proceso, la verdadera ganancia es imposible de calcular con certeza.