Exilio de YouTuber evidencia siniestra realidad de los nicaragüenses en el extranjero

El exilio del youtuber nicaragüense Francisco “Chico” Reyes Rosas. anunciado por él mismo el pasado sábado, 21 de septiembre, confirmó lo que por muchos ya era sabido: para el régimen sandinista de Nicaragua no hay ofensa pequeña. A pesar de que el joven creador de contenido no emitía ninguna clase de mensaje político, le fue negada la entrada a su propio país.

“Quiero confirmarles: no puedo regresar a Nicaragua y no se imaginan cómo me duele” dijo Reyes en un video de 44 minutos publicado en su canal de YouTube. Según relató, a Reyes en ningún momento le dieron la razón por la que fue denegado su retorno al país, aunque especula que pudo tener que ver con el apoyo que brindó al youtuber venezolano Óscar Alejandro Pérez.

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Pérez publicó en marzo un video crítico de las autoridades nicaragüenses, describiendo y mostrando la situación del país. Reyes especuló que la detención se debió a que, durante su estadía en Nicaragua, él hizo de guía para Pérez en el país, mostrándole lugares de interés y aconsejándole cómo transitar por el país.

La misma táctica ha sido aplicada en anteriores ocasiones contra periodistas, comunicadores, creadores de contenido, religiosos, intelectuales y familiares de los mismos, tanto nicaragüenses como extranjeros. El caso más reciente antes del de Reyes afectó al reconocido pensador Jaime Incer Barquero, quien fuera además asesor presidencial para la presidencia en temas medioambientales, a principios de septiembre.

Otros individuos a quienes les han negado entrada al país este año son Emma Amador, periodista originaria de Estelí; el sacerdote indígena Rodolfo French; y al sacerdote Juan Montalván. Muchos otros más en años anteriores, como en 2023 fue el caso de Karen Celebertti, exdirectora de la franquicia de Miss Universo en Nicaragua.

Aunque el proceso no incluye el retiro de la ciudadanía, como ha ocurrido con presos políticos expatriados, deja en un limbo para los nicaragüenses que no tienen una visa de otro país. Organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, así como personalidades de la oposición, han catalogado estas medidas como destierros de facto.

Tal ha sido la magnitud de estas medidas que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) incluyó el destierro forzado en la lista de crímenes de lesa humanidad que presentó durante la LVII Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos ante Naciones Unidas.

“Entre junio de 2023 y junio de este año, al menos 62 personas nicaragüenses fueron impedidas de regresar a su propio país por decisión de las autoridades de Nicaragua. El destierro forzado tiene un impacto devastador, ya que les deja en una situación de apatridia de facto, lejos de sus familias y sin protección de sus derechos, profundizando su vulnerabilidad”, fue la declaración del consejo.

El segundo informe del GHREN señaló que al menos 145 nicaragüenses habían sido impedidos de regresar a su país entre 2021 y 2024, entre ellos 66 mujeres, 79 hombres y 15 menores de edad. “En el último año se ha intensificado la persecución de opositores y de quienes son percibidos como voces disidentes al Gobierno“, enfatizó el organismo.