Armas de alto calibre son utilizadas en actos de violencia en contra de comunidades indígenas
El Grupo de Expertos señala que el uso de armas de fuego fue prevalente en la comisión de estos abusos: 20 de las 22 personas asesinadas fallecieron por impacto de arma de fuego.
El informe del Grupo de Expertos expone las decenas de agresiones en contra de las comunidades indígenas por parte del régimen de Daniel Ortega.
Un informe sobre “Violaciones y abusos de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua”, presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, expone que a partir de 2015, asaltos y agresiones de colonos y terceras personas armados contra las comunidades indígenas mayangnas y miskitus en la Reserva de la Biosfera de Bosawás y en la Cuenca del río Wangki van en aumento.
Advierten que esos hechos han causado el desplazamiento forzado de varias comunidades a Honduras (a lo menos 3000 personas, casi un tercio de la población que vivía en estos territorios).
“En varias ocasiones, comunidades y Pueblos Indígenas denunciaron la usurpación de sus territorios ancestrales y violaciones de sus derechos humanos, incluso su desplazamiento forzado, ante los sistemas de las Naciones Unidas e interamericano de derechos humanos”, insisten.
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Describen también que los territorios miskitu de Wangki Twi Tasba Raya, en particular las comunidades de La Esperanza, Wisconsin y Santa Clara, Prinsu y Wangki Li Aubra, fueron especialmente afectados por las acciones violentas de los colonos.
“El Grupo de Expertos tuvo acceso a más de 70 documentos, entre ellos testimonios recabados en su momento por organizaciones de la sociedad civil y denuncias presentadas ante las autoridades, que describen actos violentos cometidos en territorios miskitus y mayangnas por personas no indígenas identificadas como colonos entre 2015 y 2018”, refiere el informe.
Apuntan que se pudo distinguir 41 incidentes mayores con al menos 68 víctimas (63 hombres, incluso tres niños, y cinco mujeres). Veintiuno de ellas perdieron la vida (19 hombres, incluso un niño, y dos mujeres), 42 resultaron lesionadas (40 hombres, incluso dos niños, y dos mujeres), una mujer fue violada sexualmente y cuatro hombres están desaparecidos.
AK, pistolas y escopetas para agredir e infundir miedo
Por otro lado, exponen que el uso de armas de fuego fue prevalente en la comisión de estos abusos: 20 de las 22 personas asesinadas fallecieron por impacto de arma de fuego.
“Los cuerpos de tres víctimas fueron encontrados con marcas de ensañamiento. Asimismo, 39 de las 44 personas heridas fueron lesionadas por armas de fuego. Dos víctimas fueron amputadas como consecuencia de la lesión sufrida y una persona perdió un ojo”, denucnia el documento.
Advierten también que los testimonios indican que las armas utilizadas incluían escopetas, fusiles de tipo AK, fusiles o pistolas de tipo Uzi, carabinas de calibre 22 y pistolas de calibre 9mm.
El Grupo de Expertos señala que la mitad de los incidentes ocurrieron cuando las víctimas estaban en o iban hacia sus parcelas para trabajarlas o cosechar sus productos, o proveyendo de otra manera a sus necesidades básicas, sea cazando o pescando. En otros casos, las víctimas estaban en tránsito.
“En 31 incidentes, las víctimas y/o testigos identificaron a grupos de colonos armados como los perpetradores”, señalan.
Insisten que la violencia en sus territorios y la usurpación de sus tierras por los colonos han provocado temor en la población indígena miskitu y mayangna de las zonas afectadas.
Detenciones arbitrarias son una constante
El Grupo de Expertos señala que entre abril de 2018 y marzo de 2024, se documentaron un total de 124 casos de detenciones arbitrarias de líderes, guardabosques, defensores y activistas, incluso manifestantes, indígenas y afrodescendientes.
Agregan que la mayoría de estas detenciones se llevaron a cabo en el contexto de protestas convocadas por el partido político YATAMA en junio de 2018 y noviembre de 2022.
“En estos casos, los manifestantes fueron detenidos durante períodos entre un día y más de un mes sin base legal y sin que se respetara su derecho al debido proceso. El Grupo también documentó las detenciones arbitrarias selectivas de líderes, incluso dos dirigentes del partido YATAMA también diputados de la Asamblea Nacional, guardabosques, defensores y activistas indígenas y afrodescendientes llevadas a cabo sin orden judicial y sin que se respetar su derecho al debido proceso”.
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Insisten que en la mayoría de estos casos, la detención arbitraria fue seguida de la negación de las autoridades gubernamentales de revelar el paradero de las víctimas y/o la detención en régimen de incomunicación.
Dicen además que el Grupo de Expertos tuvo acceso a información que indica tratos claramente discriminatorios hacia líderes, guardabosques, defensores y activistas indígenas y afrodescendientes, opositores o percibidos como tales, los cuales, junto con la arbitrariedad de su detención, se enmarcaron en una campaña persecutoria.
Por toda la información que dispone el Grupo de Expertos consideran que tiene motivos razonables para creer que el uso de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes constituye persecución como crimen de lesa humanidad.
