Insultos y agresiones flagelan a defensoras en Nicaragua, denuncia informe
Entre junio y julio de 2024, un aumento en las agresiones coincidió con una oleada represiva desatada por el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El informe cubre desde abril de 2018 a julio de 2024, totalizando más de 11 mil ataques contra defensoras.
Un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos recopiló, desde el inicio de la crisis socio-política en abril de 2018, hasta el 19 de julio de 2024 en Nicaragua, 11 493 agresiones contra 1528 defensoras y 365 organizaciones. De estas, 1534 ocurrieron este año hasta el 19 de julio.
“Nicaragua no nos deja de doler, tras la consolidación en el país de un Estado totalitario, con miles de personas exiliadas o desterradas, centenares de organizaciones feministas o con trabajo por los derechos de las mujeres canceladas y decenas de mujeres criminalizadas o en condición de presas políticas“, reza el preámbulo.
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“Las agresiones contra defensoras continúan y se diversifican“, subraya.
El 85% de las agresiones en 2024, apuntó la defensora nicaragüense, Wendy Flores, “corresponden a agresiones en el entorno digital relacionadas a campañas de descalificación o desprestigio en contra de las defensoras”. Pero también el último año ha visto un alza en las agresiones físicas.
2024, encontró el informe, “presenta una tendencia al alza con relación a agresiones de carácter personal como la vigilancia y hostigamiento contra defensoras y activistas excarceladas, el patrullaje digital, los desplazamientos forzados y nuevos patrones de represión migratoria“.
Denigración
Entre los estratagemas de desprestigio destacan la divulgación de hechos falsos (292), cuestionamientos en cuanto al liderazgo, profesionalidad o ética de la defensora (282), ridiculización de las defensoras y las actividades que realizan (151), violencia verbal (96) o psicológica (91).
“Estas agresiones son principalmente perpetradas por usuarios virtuales desconocidos, sin embargo, por su contenido se identifica como sospechosos tanto a personas afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como a integrantes de grupos de derecha, fundamentalistas religiosos y antiderechos“, señala la investigación.
Más de la mitad de estas agresiones confluyen en tópicos misóginos, homo-lesbo-transfóbicos, incluyendo insultos dirigidos a la apariencia física, el estilo de vida o la edad de la defensora. “Gorda payasa”, “vieja bigotuda”, “perra golpista”, “zorra”, “tortillera”, “farsa de mujer”, “sexo cambiado”, son algunas de las agresiones verbales listadas.
De tal forma se vulneran los derechos de libertad de prensa y libertad de expresión, incluyendo casos de desaparición forzada que vulneran el derecho a la movilidad, allanamientos que vulneran el derecho a la privacidad y a la propiedad privada, y amenazas que han obligado a muchas defensoras a desplazarse para resguardar su seguridad física.
“Diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han alertado sobre los impactos que la prisión política tiene sobre las familias, las cuales se enfrentan en el día a día con la carga económica, la estigmatización social y el miedo del ser continuamente víctimas de vigilancia y hostigamientos“, señala el informe.
“Estos impactos se manifiestan de forma diferenciada en las mujeres y en las personas menores de edad. La prisión política exacerba las brechas de género existentes al incrementar las tareas de cuidado de sus familiares, principalmente de las mujeres… De esta forma, sus vidas se ven afectadas por nuevos limites en su tiempo, en sus recursos y en sus proyectos vitales”, concluye.
