Artistas en riesgo: así penaliza el régimen de Nicaragua la libertad de expresión

Un informe de la Conexión de Artistas en Riesgo (ARC, por sus siglas en inglés), con apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, fue presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, detallando “las continuas violaciones a la libertad de expresión en Nicaragua, en el marco del Examen Periódico Universal” del país ante el Consejo.

El documento surge luego de que el pasado martes, 10 de septiembre, tuviese lugar la III Reunión de la LVII Sesión Regular del Consejo de Derechos Humanos, cuando el tercer ciclo del EPU de Nicaragua vio la publicación de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) apuntando a la persistencia de violaciones a los derechos humanos en el país.

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“Nicaragua recibió 259 recomendaciones de las cuales aceptó 135 y rechazó 124; 100 recomendaciones estuvieron relacionadas con la crisis de derechos humanos que comenzó en 2018. Durante el EPU los Estados miembros hicieron 48 recomendaciones sobre libertad de expresión, de las cuales el Estado de Nicaragua acepto solo 14“, destacó el informe de ARC.

“La persecución de voces disidentes ha sido implacable, incluyendo el cierre de medios de comunicación, la confiscación de propiedades y la promulgación de leyes que restringen el espacio cívico y la libertad de prensa“, señala el documento.

Represión contra periodistas y artistas

Los hallazgos de este informe fueron recabados a partir de la recolección y análisis de información de los reportes emitidos por las organizaciones que firman este reporte, entre las que se cuentan la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) y PEN International.

Entre los instrumentos de represión, el informe cita legislación restrictiva, en concreto las leyes 977 (contra lavado de activos, reformada este mes), 1040 (regulación de agentes extranjeros), 1042 (ciberdelitos, recientemente reformada), 1055 (“defensa de la soberanía”) y 1145 (desnacionalización), todas encaminadas a ejercer control y penalizar a opositores, sobre todo en base a expresiones y declaraciones.

ARC también denunció agresiones y ataques contra periodistas y artistas, “medios de comunicación, estudiantes, clero, opositores políticos, etc, alcanzando niveles atroces. Los actos de censura como las detenciones arbitrarias, el exilio forzado, el retiro de la nacionalidad, despojo de bienes y derechos básicos se han convertido en un lugar común“.

Se destacan los ataques contra artistas como el músico Josué Monroy, detenido por 48 horas en abril de 2022 por haber cantado en un concierto una canción alusiva a las protestas de abril de 2018; también mencionaron la detención en noviembre de 2023 de dos jóvenes que pintaban un mural dedicado a Sheynnis Palacios, primera ganadora nicaragüense del certamen de Miss Universo, entre otros incidentes.

Régimen no cede

Pese a las denuncias de los tratados interamericanos en materia de derechos humanos, el informe nota que el régimen de Nicaragua persiste en su intento de continuar con “la sistemática violación de derechos humanos sin la observancia internacional“, pero advierte que “Nicaragua debe cumplir con los tratados interamericanos ratificados conforme a procedimientos vigentes“.

Una serie de recomendaciones son formuladas en base a estas consideraciones, que en su suma supondrían el desmantelamiento del aparato represivo del régimen, cesando el acoso judicial, policial e institucional contra voces criticas; poniendo fin a la arbitrariedad, derogando leyes restrictivas y adoptando medidas inmediatas “para liberar a todas las personas opositoras y criticas detenidas arbitrariamente, incluidos periodistas, activistas, artistas”, de los cuales aún queda más de una treintena en Nicaragua.