Régimen aplica nueva reforma al Código Penal para expropiar a opositores

Luego de anunciada la desnacionalización de 135 nicaragüenses excarcelados en Guatemala, organizaciones de derechos humanos y opositores han condenado el hecho y urgido a la comunidad internacional seguir monitoreando y denunciando la situación de Nicaragua. 

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, mediante el abogado Braulio Abarca, dijo que el día de hoy participaron del Diálogo Interactivo en el 57 período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra-Suiza, donde se denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, así como también la persecución religiosa y la represión transnacional de la cual son víctimas la población nicaragüense. 

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Abarca señaló que al momento de que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua presentaba la actualización oral, “lamentablemente el gobierno de Nicaragua ha desnacionalizado a 135 personas presas políticas nicaragüenses que fueron enviadas arbitrariamente hacia Guatemala y que actualmente han perdido su nacionalidad”.

Agregó que desde el Colectivo Nunca Más, solicitaron a la comunidad internacional que continúe monitoreando las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, así como también se realicen procesos de rendición de cuentas y de monitoreo de la violaciones derechos humanos en el país.

Pero lo más curioso fue lo indicado por  el abogado Yader Morazán , quien señaló que la dictadura “aplicó de boca” la nueva reforma al Código Penal a 135 presos políticos que fueron expulsados a Guatemala, condenándolos sin proceso, en ausencia y dándole efecto extraterritorial a las penas que aplicaron de manera parcial.

Añadió que el régimen se centró en la confiscación que ahora utilizarán como garantía de reparación a las “víctimas”, mientras que de forma contradictoria los expulsan, y cooperan en lo que técnicamente sería “evadir la justicia”.

Régimen incumple sus obligaciones internacionales

Por su parte, el líder campesino Medardo Mairena, desnacionalizado y expulsado del país en febrero de 2023, dijo en su cuenta de X que “la dictadura ha incurrido en una nueva comisión de delitos de lesa humanidad, privando arbitrariamente de su nacionalidad a 135 nicaragüenses además de confiscar ilegalmente su patrimonio solo por el hecho de demandar su derecho a opinar, disentir y expresarse libremente”. 

Mairena insistió que la dictadura sandinista de los Ortega-Murillo incumple en forma reiterada sus obligaciones internacionales continuando sus actuaciones “como una fábrica de apátridas con decenas de casos de forma expresa como en esta ocasión y de facto con los miles de nicaragüenses a quienes impide retornar al país o les niega el pasaporte por pensar diferente”, lamentó.

Una nota de prensa emitida este martes, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, señala que la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha empeorado drásticamente desde el año pasado, y que el gobierno sigue facilitando, coordinando y ejecutando graves violaciones y abusos contra los derechos humanos, según ha advertido hoy el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua en su última actualización al Consejo de Derechos Humanos.

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“Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos. “Continuas violaciones están dejando sectores enteros de la población en un estado de indefensión”, cita la nota de prensa.

A su vez expone que en el país se han continuado reportando violaciones con alcance transfronterizo: víctimas fuera del territorio nacional siguen siendo privadas arbitrariamente de sus medios de vida. Familiares de personas opositoras al gobierno, incluidos niñas y niños, también siguen siendo victimizados únicamente por sus lazos familiares.

Raza e Igualdad llama a instituciones financieras a revisar el caso Nicaragua

Por su parte,  Raza e Igualdad y la campaña #NicasLibresYa, expresaron  una condena enérgica a la decisión arbitraria tomada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de arrebatarle la nacionalidad nicaragüense a 135 personas desterradas hacia Guatemala tras sufrir cárcel por motivos políticos.

“No es la primera vez que el régimen en Nicaragua deja en situación de vulnerabilidad y condena a la apatridia a personas que, por años, sufrieron de persecución política, torturas y ahora el destierro”, expone  en un comunicado.

Detallaron que tras la excarcelación de 222 personas, presas por motivos políticos, el 9 de febrero de 2023, el régimen las despojó de su nacionalidad y, posteriormente, a otras 94 personas exiliadas les aplicó el mismo patrón que incluyó la confiscación de sus bienes. 

En total, son ya 452 personas que nacieron en Nicaragua y han vivido todas sus vidas como nicaragüenses gozando de la protección que les reconocían las convenciones internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales reformadas espuriamente por Ortega, Murillo y sus cómplices, dijo el organismo.

Advierten que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha advertido que las personas que quedan en la apatridia pueden “tener dificultades para ejercer sus derechos fundamentales como la educación, la salud, el empleo y la libertad de movimiento”.

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Christina Fetterhoff, Directora de programas de Raza e Igualdad, expresó que el hecho de que estas 135 personas nicaragüenses hayan salido de la cárcel y ahora estén en un lugar seguro, sin malos tratos y torturas, nos trae alivio y esperanza; sin embargo la lucha no termina aquí ya que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo supera a las peores del mundo. 

Agregó que “si no se les detiene ahora continuarán apresando, desterrando y despojando de su nacionalidad nicaragüense a más personas. ¡La solidaridad internacional debe ir un paso adelante!”.

En tanto, Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad, señaló que “la comunidad internacional no solo tiene el deber moral de condenar con firmeza estos hechos, sino también de promover la aplicación adecuada de la jurisdicción universal y extraterritorial. 

El organismo reiteró su llamado para que las instituciones financieras internacionales tengan muy en cuenta las prácticas aberrantes a las que recurre el régimen hacia las voces disidentes y en tal sentido les exhortamos una vez más a que procedan a la inmediata y urgente revisión de sus proyectos de desarrollo e inversión.