Negligencia legal permite proliferación de odio contra comunidad LGBT en Nicaragua, denuncia experto
En Nicaragua todavía reina la impunidad contra crímenes de odio, en particular aquellos que afectan a la comunidad LGBT, entre otras poblaciones vulnerables.
Una marcha del orgullo en Costa Rica. La comunidad nicaragüense no puede expresarse en Nicaragua bajo el régimen de Ortega, por lo que su única vía de expresión reside en el extranjero.
La situación de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y otras personas de la diversidad sexual en Nicaragua sigue siendo precaria y en parte el problema deriva del mal funcionamiento del sistema legal, como ha sido denunciado ampliamente por organismos de la sociedad civil y la prensa independiente.
“Bajo el régimen sandinista de Daniel Ortega“, explicó a República 18 el abogado y defensor de derechos humanos, Braulio Abarca, parte del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, los crímenes de odio contra personas LGBT se han multiplicado porque no existe autonomía ni independencia en el Poder Judicial“, lo que ha coartado su apropiado funcionamiento.
“Esto ha llevado a que toda clase de acciones anti-LGBT continúen en la impunidad”, agregó, citando casos como el brutal asesinato de Lala, una mujer trans, en Chinandega en 2021. Abarca señala que, si bien los asesinos de Lala fueron condenados con una cadena perpetua revisable, el marco legal nicaragüense no está condicionado para lidiar apropiadamente con los crímenes de odio.
“El Código de la Familia sin incluir a personas LGBT ni a familias diversas, y esto genera mayor vulnerabilidad. Al no tener derecho al reconocimiento ni a la identidad” tampoco logran acceder a derechos económicos, lo que, ante la ley, los distingue del resto de forma negativa, ahondando el ya difícil problema de la discriminación.
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“Gays, lesbianas, bisexuales, etc., no tienen derecho a formar familia en Nicaragua, generando mayor discriminación al violar el principio de igualdad claramente identificado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Nicaragua”, explicó Abarca.
Otros crímenes, como el asesinato de otra joven trans, Julia Almanza; o la sospechosa muerte de Jasuhara Brown Dixon, una reconocida personalidad en la comunidad y ex-Miss Gay 2011, ambos delitos ocurridos en 2023, permanecen en la impunidad, sin procesos de investigación públicos ni mayor acción de parte de la autoridad.
“Actualmente, en el país existen graves violaciones a los derechos humanos de las personas LGBT, incluyendo discriminación, la falta de enjuiciamiento y debido proceso contra aquellos que hayan cometido crímenes de odio en contra de personas sexualmente diversas“, lamentó Abarca.
El Observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Nicaragua de la organización feminista La Corriente ha dado fe de 19 instancias de odio, discriminación y/o ataques en contra de la comunidad LGBT en lo que va del año en el país, en base a sus más recientes informes.
Los ataques se presentan en forma de violencia física, verbal, psicológica, sexual, laboral, política e institucional; lo que es decir, en prácticamente todos los aspectos de la vida pública. También se tipificaron actos de discriminación, acoso y extorsión, así como robos. En 2023 fueron 42 instancias de violencia las registradas, en su mayoría (22) contra mujeres trans.
Mientras, el llamado de organismos de derechos humanos es siempre el mismo, señaló Abarca: que el Estado nicaragüense asuma los compromisos que adquirió a nivel internacional para con su propia población. Pero bajo el régimen de Ortega permanece la impunidad no sólo en esta área, sino a nivel generalizado, ante señalamientos de crímenes de lesa humanidad de parte de la comunidad internacional.
