“El sufrimiento que se les inflige tardará décadas en sanar”: informe sobre agresiones estatales contra indígenas
El documento apunta que la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha seguido deteriorándose gravemente y que el régimen ha ampliado e intensificado progresivamente la persecución de los opositores o de quienes son percibidos como voces disidentes en el país.
El informe citado, recomienda al régimen de Nicaragua adoptar, un mecanismo nacional apropiado para que los Pueblos Indígenas y afrodescendientes sean consultados sobre medidas legislativas y administrativas que puedan afectar a sus derechos.
Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denuncia entre otras agresiones en contra de los nicaragüenses, la violencia ejercida por parte del régimen de Daniel Ortega en contra Pueblos Indígenas y afrodescendientes en las regiones autónomas de la Costa Caribe del país.
El documento publicado este 3 de septiembre señala que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), ha recibido constantes denuncias de violencia en territorios habitados por Pueblos Indígenas y afrodescendientes.
“Asesinatos y otros ataques violentos, incluida la violencia de género, la quema deliberada de viviendas y la apropiación ilegal de tierras y propiedades indígenas, se llevaron a cabo en un contexto de impunidad generalizada”, refiere el informe.
Agrega que en julio de 2023, dos guardabosques indígenas del territorio Mayangna Sauni As fueron asesinados a tiros por colonos. Destacaron que al momento de redactar el presente informe, las autoridades no habían investigado ni identificado a los responsables, ni habían implementado medidas para evitar que se repitieran las violaciones y garantizar la reparación.
Así mismo señalan que las agresiones no sólo ponen de relieve la prevalencia de la violencia directa contra los Pueblos Indígenas, sino también la falta de debida diligencia por parte de las autoridades para proteger sus derechos.
Las demoras constantes en los procesos de restitución y reposesión de tierras y la existencia de “gobiernos paralelos”, que estarían alineados con el partido gobernante pero no son elegidos por asambleas tradicionales, debilitan el autogobierno indígena y perpetúan la incertidumbre con respecto a la tenencia de las tierras indígenas, refiere el documento.
“Los colonos aprovechan la insuficiente protección de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas para ocupar por la fuerza sus tierras y perpetrar otros abusos contra los derechos humanos”, señala.
El informe muestra que la particular vulnerabilidad de las mujeres indígenas a la violencia de género se ve perpetuada por la impunidad.
“El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer observó con preocupación el alto riesgo de violencia de género, asesinatos, violencia sexual y desalojos forzosos de las mujeres indígenas, en particular las mujeres indígenas wilu en la reserva de Bosawás y el territorio indígena Mayangna Sauni As”, refiere.
Apunta también que si bien los niveles de igualdad de género en la representación política en Nicaragua son altos, este logro no se extiende a las mujeres indígenas y afrodescendientes, que regularmente enfrentan discriminación que afecta su participación en la conducción de los asuntos públicos.
Indica que a pesar del reconocimiento legal y constitucional de la propiedad de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes sobre sus tierras tradicionales, aún es necesario adoptar medidas decisivas para proteger dichas comunidades
Persecución en contra de todas las expresiones opositoras
El documento apunta que la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha seguido deteriorándose gravemente y que el régimen ha ampliado e intensificado progresivamente la persecución de los opositores o de quienes son percibidos como voces disidentes en el país.
Así mismo que el espacio cívico sigue gravemente erosionado y, en un contexto de sistemáticas denuncias de represión, el ejercicio de los derechos civiles y políticos es cada vez más difícil.
Destacan que la arbitrariedad de la privación de libertad, la duración de las penas de prisión, y la crueldad de los malos tratos, incluida la tortura, infligidos a las personas perseguidas por su presunta oposición al Gobierno, siguen siendo motivo de grave preocupación.
Algunas personas son recluidas en régimen de incomunicación durante meses sin que se les imputen cargos o reciben largas penas de prisión en procedimientos judiciales que carecen de normas de juicio justo y de las debidas garantías procesales.
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“Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó prácticas contrarias a la dignidad humana y a los principios más básicos de los derechos humanos, como la ablación y el estrangulamiento de testículos, y la separación total de mujeres de sus hijos lactantes, sin siquiera la posibilidad de visitas periódicas”, denuncia el documento.
Enfatiza que “el sufrimiento extremo que se les inflige a las víctimas y a sus familias y a sus comunidades tardará décadas en sanar”.
Según el documento, la crisis multifacética que ha afectado a Nicaragua desde 2018 requiere un cambio urgente de rumbo por parte del régimen.
Entre las recomendaciones al Estado de Nicaragua, el informe plantea que es necesario garantizar que la institución nacional de derechos humanos funcione de manera independiente y eficaz mediante la aplicación de medidas acordes con los principios relativos al estatuto de las Instituciones Nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos.
Así mismo, garantizar que toda la asistencia internacional y las inversiones que se brinden a Nicaragua, incluso a través de instituciones financieras y empresas internacionales, adopten un enfoque basado en los derechos humanos.
