“Nadie se va porque quiere”: informe devela la cruenta realidad del éxodo nicaragüense

Intervención de llamadas y comunicaciones, amenazas de muerte, cancelación de cuentas bancarias, acoso y vigilancia, despojo de sus bienes, detención y tortura física, psicológica y hasta sexual son algunos de los motivos para dejar el país que dieron exiliados nicaragüenses cuando fueron cuestionados por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

El Colectivo, en colaboración con varios organismos afines en la defensa de los derechos humanos, publicó el informe Nadie se va porque quiere: Voces de nicaragüenses en el exilio por medio de una presentación celebrada en San José, Costa Rica, este lunes, 2 de septiembre.

El informe recopila y sintetiza “las experiencias de nicaragüenses que buscan protección en terceros países” a raíz de la crisis iniciada en abril de 2018, en base a 40 entrevistas que incluyen a víctimas de la represión en Nicaragua.

“Las organizaciones participantes realizaron las entrevistas a partir del criterio de disponibilidad de las personas en el exilio, y tomando en cuenta otros como la diversidad, a fin de abarcar distintos lugares de exilio, formas de desplazamiento y distintas experiencias de persecución”, explica la sección de Metodología del documento.

Se estima que el éxodo nicaragüenses, en estos últimos seis años, ha superado los 800 mil emigrantes. Al menos unos 87 mil de estos busca refugio en Costa Rica, otros más en países como Estados Unidos o España. Según refleja el informe, en más de la mitad de los casos (55%), la expatriación fue súbita y sin preparación alguna

“Nicaragua es uno de los casos más saltantes, donde la persecución estatal“, de la mano del régimen sandinista de Daniel Ortega, sobre todo a partir de 2018, “se muestra más cruel“, dijo por comunicación remota Eduardo González, sociólogo peruano experto en justicia transicional, quien colaboró con el trabajo del informe.

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Para elaborar el documento colaboraron la Unidad de Registro, la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), la Unidad de Defensa Jurídica (UJD), IM-Defensoras y el Servicio Mundial Judío-Estadounidense (AJWS), que coordinó el trabajo del informe.

“Cientos de miles de nicaragüenses han sido forzados a dejar su país, enfrentando un exilio que no sólo representa una separación de su hogar, sino muchas veces también de su identidad“, detalló Andrés Sánchez, representante de la oficina regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Linda Núñez, parte del equipo de Educación y Memoria del Colectivo, dijo que el informe supone la apertura de un espacio de escucha y reconocimiento “para una experiencia que no ha sido lo suficientemente visibilizada”, recalcando que “la represión todavía existe” tanto contra los que aún persisten en Nicaragua como contra aquellos en el exilio.

Género y sexualidad en la represión

El informe enfatizó la situación de personas defensoras de derechos humanos forzadas a migrar, subrayando la situación del movimiento feminista, el cual fue desmantelado jurídica y logísticamente por el régimen sandinista.

“Las feministas en Nicaragua desde hace mucho tiempo veníamos evidenciando y denunciando a nivel internacional todas las violaciones de derechos humanos en que el Estado ha incurrido de primera fila en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, pero de manera general en contra de la población. En Nicaragua, antes de 2018 ya no podíamos celebrarnos de forma tranquila el 8 de marzo y el 25 de noviembre”, dijo una entrevistada.

“Las amenazas y agresiones contra mujeres opositoras tenían un componente de violencia de género, pues sumado a las formas de intimidación y hostiga miento antes mencionadas, se les estigmatizó y acusó por no cumplir los roles de género tradicionales, además de ser denigradas en relación con el ejercicio de su sexualidad“, corrobora el informe.

De igual forma, personas de la comunidad LGBTTIQ+ enfrentan “una situación estructural de desprotección en Nicaragua, que las expone a una mayor vulnerabilidad frente a las amenazas y persecución política”, denunció el documento.

Una “responsabilidad ética y política”

Según el informe, los nicaragüenses en el exilio no solamente enfrentan el desafío de reconstruir su proyecto de vida en un país ajeno, sino que al mismo tiempo tienen que lidiar con los impactos físicos y psicológicos de las violaciones a los derechos humanos sufridas en el pasado y en el presente.

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta esta situación, el informe urge a la comunidad internacional atender la “responsabilidad ética y política” de “garantizar los derechos de las víctimas de la persecución política en Nicaragua”.

“Las condiciones de vida de las personas en el exilio pueden mejorar significativamente cuando encuentran en los países de acogida el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos sufridas, así como las políticas públicas y medidas orientadas a proteger sus derechos“, prescribe el documento.

“No se debe esperar a un cambio político para plantear medidas de atención y reparación de las violaciones sufridas“, agrega. Recomiendan, por tanto, mejorar la accesibilidad de los mecanismos de seguridad para los refugiados; la garantía de derechos básicos; y una campaña concurrente de sensibilización y protección contra la discriminación y la xenofobia.