Cancelación de Iglesia morava confirma “violencia sistemática” contra comunidades indígenas, denuncia activista

La Iglesia morava era la segunda congregación organizada en Nicaragua después de la Iglesia católica. El régimen sandinista pretende extinguirla al cancelar su personería jurídica.

  • San José, Costa Rica
  • 9:22 am
  • Ago 30, 2024

La Iglesia morava de Bluefields, construida hace 175 años..

Houston Castillo
República 18

La Iglesia morava de Nicaragua perdió su personería jurídica el jueves, 29 de agosto, por un mandato del Ministerio del Interior (MININT), a su vez controlado por el régimen sandinista. Llevaba en Nicaragua más de 170 años, concentrada en la Costa Caribe. Había sobrevivido a la incorporación de la Mosquitia, a tres dictaduras y varios conflictos armados. Pero no pudo salir ilesa del sandinismo.

No fue un golpe repentino. La Iglesia ya llevaba tiempo en la mira del régimen, como evidencian la denuncia de la activista y defensora de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe, Anexa Alfred Cunningham. En julio, Alfred denunció el “cierre de espacios cívicos” desde el advenimiento de la crisis sociopolítica en 2018.

También habló de “una vigilancia permanente en los cultos y las reuniones de la congregación y de las autoridades religiosas” de la Iglesia morava, la segunda corporación religiosa más antigua establecida en territorio nicaragüense, después de la Iglesia católica, la otra víctima de la represión en el Pacífico.

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“La doctrina de la Iglesia morava es la religión predominante en los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe”, explicó Alfred a República 18. Su presencia en las comunidades se remonta a 1847, cuando vinieron los primeros misioneros moravos alemanes. La Iglesia se volvió autónoma en 1972, bajo el liderazgo de líderes religiosos nativos.

La Iglesia se organizaba en sínodos provinciales que se reúnen cada tres años en una junta presidida por un superintendente. Según explicó Alfred, “el papel fundamental de las iglesias moravas es la construcción de una sociedad de paz, democracia y unidad en las familias nicaragüenses, especialmente las familias indígenas y afrodescendientes”.

El cierre de ellas representa una grave violación a los derechos y a la libertad religiosa de las comunidades indígenas y afrodescendientes“, lamentó la defensora.

Alfred explica que, así como la Iglesia católica ha sido fundamental en la construcción de la identidad cultural del Pacífico, la Iglesia morava “es parte de la identidad del pueblo miskito, del pueblo rama y del pueblo mayangna; de todos los pueblos indígenas y afrodescendientes, incluyendo a los garífunas”.

El vacío que deja

Más allá de en la cuestión cultural e identitaria, la Iglesia también ha estado presente respondiendo a la ausencia de servicios básicos, como la salud y la educación de calidad, que no ha sido proveída por el Estado de Nicaragua en las regiones remotas del Caribe, según señaló Alfred.

También recalca que las iglesias en su mayoría han sido construidas por las comunidades con recursos propios y están en tierras comunitarias “que, recordemos, tienen el carácter de inviolabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, por lo cual están fuera del comercio y cualquier tipo de acciones en su contra”.

Esto lo dice puesto que, de acuerdo con una reforma aprobada en abril de 2022, el Estado recibe todos los bienes confiscados a las organizaciones no gubernamentales que cancela a través del MININT (ya son más de 5600), por lo que la cancelación supone además una amenaza de confiscación.

No deben ser objeto de ningún embargo puesto que son propiedades comunales y deben estar fuera del alcance de la dictadura sandinista de Ortega y Murillo“, reiteró la activista.

Por Alfred cataloga esta cancelación como otra expresión “de la violencia sistemática desatada contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, puesto que (la Iglesia) ha estado siempre en la lucha de los pueblos indígenas por la reivindicación de sus derechos, sobre todo el derecho a la tierra, al territorio y los recursos naturales“, insistió.

Y mencionó cómo en 2016 el sínodo de la Iglesia morava mandató al clero buscar un mecanismo de paz para toda la situación de violencia que estaban viviendo las comunidades indígenas por la invasión de tierras por colonos ante el abandono del Estado, que “no toma ninguna medida para combatir las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en las comunidades indígenas“.

Lamentamos profundamente, condenamos y rechazamos este nuevo ataque que reciben los pueblos indígenas a su espiritualidad, al derecho a la expresión a sus derechos y a la libertad religiosa“, concluyó Alfred su denuncia.