Régimen propone reformas draconianas para perseguir a opositores en el extranjero
Las propuestas elevarían mayores controles y vigilancia a transacciones bancarias desde el extranjero, así como permitiría al régimen enjuiciar a ciudadanos nicaragüenses en el extranjero.
La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Ortega, buscaría aprobar estas reformas para la próxima semana.
El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo introdujo en la Asamblea Nacional tres propuestas de reforma, que permitirían enjuiciar a nicaragüenses en el exilio y habilitaría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) investigar “transacciones sospechosas” de nicaragüenses en el exilio, según información proporcionada a República 18 por fuentes cercanas a la Asamblea.
Según una fuente legislativa, las propuestas fueron presentadas este jueves, 29 de agosto, y agregó que “las comisiones la están trabajando y van a su aprobación la semana que viene, entre martes y miércoles“, 27-28 de agosto. Se trata de reformas a las leyes 976, 977 y una a la 641 del Código Penal.
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La propuesta de reforma al Código Penal en concreto propone declarar que “las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio” delitos como lavado de dinero, terrorismo y otros delitos asociados (bajo la definición del régimen), crimen organizado, y “cualquier otro delito que pueda ser perseguido en Nicaragua”.
La reforma al Código propone además el “decomiso” de los bienes y activos, incluido los bienes virtuales, de aquellos condenados por “delito doloso, imprudente o falta” y “de igual forma estarán sujetos a decomiso los bienes o activos… a fin de responder por las responsabilidades penales, o cubrir la reparación de los daños y perjuicios de la víctima“.
Vigilancia financiera
Las reformas a las leyes 976 (Ley de la Unidad de Análisis Financiero) y 977 (Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva) están encaminadas a expandir la capacidad de vigilancia del aparato estatal del régimen.
La reforma a la Ley 976 permitiría a la UAF (arto. 16) “establecer regulaciones sobre las condiciones, procedimientos y forma para que los Sujetos Obligados comuniquen en forma directa y confidencial” sobre las transacciones, nacionales o internacionales, que realicen en efectivo, fíat o activos virtuales; cualquier discrepancia entre la identificación de los beneficiarios finales; y cualquier otra información “vinculadas a operaciones, umbrales y otros criterios que se establezcan con un enfoque basado en riesgo”.
La reforma a la Ley 977 igualmente dicta (arto. 17) que los “Sujetos Obligados deben identificar al beneficiario final de sus clientes y tomar medidas razonables para verificar su identidad, de manera tal que esté seguro de que conoce quién es el beneficiario final”.
A raíz de la represión desatada contra la sociedad civil a partir de abril de 2018, la mayoría de activistas, defensores de derechos humanos, intelectuales y periodistas con posturas opositoras se encuentran en el exilio, enmarcado en un éxodo sin precedentes que ha generado para lo que va de 2024 más de 800 mil emigrantes, según datos recopilados por organizaciones independientes también en el exilio.
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