¿Qué hay detrás de la solicitud de orden de captura contra Ortega en Argentina?
Incluso si la orden no concluye necesariamente en un arresto a Ortega, podría aún así contribuir a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
Ortega y Murillo durante un acto partidario. Ambos son acusados por perpetrar crímenes de lesa humanidad a través de su autoridad como presidente y vicepresidente respectivamente.
Una orden de captura internacional fue solicitada este martes contra el líder del régimen sandinista, Daniel Ortega, de parte de un grupo de acción legal encabezado por el letrado argentino, Darío Richarte, como parte de un caso penal abierto en octubre de 2022 ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional VII en Buenos Aires, Argentina.
El proceso señala a Ortega y a su círculo de funcionarios de haber perpetrado crímenes de lesa humanidad contra la población nicaragüense. Se ampara en el concepto de jurisdicción universal, lo que permitiría juzgar a Ortega por crímenes de lesa humanidad en cualquier parte del mundo, independientemente de lo que dictaminen las instituciones del Judicial nicaragüense que están bajo control del régimen.
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La orden incluiría a la segunda al mando del régimen sandinista, Rosario Murillo, así como a otro funcionarios considerados cómplices de los crímenes de Ortega, los cuales han sido documentados por organismos de defensa de derechos humanos a nivel nacional e internacional los últimos seis años.
“La solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad“, dijo Richarte al medio argentino Infobae.
“Coincidimos con la Fiscalía y creemos que existe suficiente evidencia para justificar el pedido de declaración indagatoria de los imputados. Además, solicitamos la detención y que se libre orden de captura internacional contra ellos“, explayó el abogado, subrayando que “el Estado argentino tiene la obligación de actuar conforme a sus compromisos internacionales y a las leyes nacionales en la materia”.
Más allá de lo simbólico
Según valoró Edgard Blanco, politólogo y activista nicaragüense, para República 18, esta solicitud “es un avance en la investigación de los crímenes que se han cometido en Nicaragua, que a todas luces son crímenes de lesa humanidad”.
“Representa el inicio de lo que podría ser una denuncia más amplia. A pesar de que tenemos la dificultad de que Nicaragua no es signataria del estatuto de Roma“, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, “Argentina sí lo es y la justicia universal aplica a este país y puede llegar a generar, por lo menos, algo de esperanza de que habrá justicia en Nicaragua“, agregó Blanco.
El politólogo considera que la medida “va más allá de lo simbólico”, incluso si no se concreta a como se plantea. Ortega y Murillo podrían no ser apresados y, aún así, esto tendría un efecto positivo en tanto “llevaría a generar un poco más de cuidado a nivel internacional con la dictadura de Ortega“.
“También puede que en algún momento, si llegase a haber una sentencia no favorable para el régimen y lo declarasen culpable, si otros países democráticos en América Latina y el mundo que acogen esta sentencia, el aislamiento de la dictadura sería profundizado, otra victoria que podría llevar a tener justicia en Nicaragua”, concluyó.
Otros jefes de Estado señalados de cometer crímenes de lesa humanidad han recibido órdenes de captura, como fue el caso de Vladimir Putin, el mandatario ruso y aliado del régimen de Ortega, por su papel en la invasión a Ucrania iniciada en febrero de 2022. La orden de arresto fue emitida el 17 de marzo de 2023 por la CPI.
