Organizaciones nicas participan en Ginebra para exponer crisis de derechos humanos

Organizaciones de la Sociedad Civil nicaragüense que participan en Ginebra, Suiza del Cuarto Ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal para Nicaragua (EPU), han denunciado las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a su vez han demandado el cese a la represión y el respeto a todas las libertades públicas. 

La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), señaló que organizaciones de sociedad civil registraron 4,650 incidentes de detenciones arbitrarias entre 2018 y 2024 y al menos 2090 personas han permanecido detenidas por motivos políticos.

Durante su intervención, señalaron que desde el 2023 los juicios por razones políticas se han celebrado a través de videoconferencia para impedir la comunicación entre los acusados y sus defensores y se ha negado el acceso a la información procesal de los casos, limitando que las personas detenidas reciban un juicio justo.

Denunciaron que la falta de independencia del Sistema de Justicia Penal, exacerba el rol de represión que este poder del Estado ha implementado durante estos años en conjunto la policía nacional, el ministerio público y el sistema penitenciario, acompañados de la falta de acción de la defensoría pública y la procuraduría para la defensa de los derechos humanos.

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“Actualmente, al menos 151 personas permanecen presas por razones políticas, 126 son hombres y 25 mujeres, quienes presentan condiciones de salud física y psicológica preocupantes, caracterizadas por la denegación de acceso a atención médica y medicamentos o la administración irregular de los mismos, generando en algunos casos afectaciones y secuelas a la salud que ponen en riesgo la vida”, explicaron. 

La UDJ, detalló que  en el caso de las mujeres, se ha negado el acceso a atención ginecológica, incluso a quienes se encontraban en seguimiento a padecimientos previos de cáncer. 

Indicaron que las organizaciones defensoras también han identificado desapariciones forzadas por ocultamiento del paradero, algunas de hasta un año sin que se conozca donde se encuentran.cLas personas excarceladas entre 2018 y 2024 fueron sometidas a torturas físicas y psicológicas extremas, apuntaron.

Colectivo Nunca Más apela por libertad religiosa

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, pidió este 27 de agosto que los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas exijan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, investigar los crímenes de lesa humanidad, en especial aquellos contra defensores de derechos humanos, periodistas y religiosos. 

También solicitó a los Estados pedir a Nicaragua que derogue todas leyes que criminalizan la defensa de derechos humanos y restituir los bienes y activos confiscados a las más de 5,400 organizaciones arbitrariamente canceladas desde 2018. 

De igual manera, “proteger la libertad de religión, garantizando el derecho a participar en actividades religiosas sin criminalización y respetar y proteger a todos los defensores de derechos humanos, incluidos artistas, asegurando su derecho a permanecer en el país o facilitar su retorno”. 

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El Colectivo señaló que  desde junio de 2022 hasta febrero de 2024, 65 personas religiosas han sido procesadas. Al menos 13 personas continúan detenidas tras participar en actividades religiosas.

“Incluso, el periodista Víctor Ticay tiene más de un año en la cárcel solo por transmitir a través de Facebook un evento católico”, expuso el Colectivo. 

El Colectivo finalizó indicando que la situación en Nicaragua pone en evidencia la deteriorada realidad de los derechos humanos en el país, haciendo urgente y necesario el acompañamiento y la presión internacional para restaurar la libertad, la democracia y la justicia.

Violencia extrema en contra de personas periodistas independientes 

Por su parte,  la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), señaló que Nicaragua atraviesa una de sus peores crisis de violaciones a derechos humanos.

“Desde 2018, el Estado, a través de sus instituciones han desatado una feroz represión en la que incluye como víctimas a periodistas y comunicadores. (…) el Estado de Nicaragua ha impuesto un marco jurídico en debilitamiento del Estado de Derecho; instaurando mecanismos de censura, represión y judicialización contra periodistas, artistas y medios de comunicación en el entorno físico y digital”.

FLED destacó que de acuerdo al monitoreo y documentación de casos que realizan, al menos se contabilizan 1068 agresiones en contra de periodistas y comunicadores, 823 -personas naturales- (77 %) y 245 -medios de comunicación-(33 %). Además denunciaron la desaparición de la  periodista Fabiola Tercero, desde el 12 de julio del presente año.

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Recomendaron al Estado de Nicaragua entre otras cosas, poner fin al uso arbitrario de mecanismos administrativos, legislativos, judiciales, financieros y policiales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en el país. 

Además adoptar medidas inmediatas para restituir la nacionalidad a periodistas, escritores, activistas, defensores de derechos humanos, disidentes políticos y otros opositores a los que se les ha privado arbitrariamente de su nacionalidad como represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Finalmente garantizar la libertad de los medios de comunicación, permitiendo a periodistas, trabajadores de los medios y otros profesionales de la comunicación trabajar sin temor a represalias.