Mujeres vulnerables en Nicaragua y órdenes de alejamiento son “inútiles”

El femicidio de Erika Martínez, pone nuevamente sobre la opinión pública los niveles de violencia en contra de la mujer que existen en Nicaragua y más aún las consecuencias de la mediación, un acto que ha sido fuertemente criticado por defensoras feministas pues advierten que desde las Comisarías de la Mujer muchas veces casi obligan a las víctimas a aceptarlas.

Una defensora feminista, consultada en condición de anonimato señaló que el término mediación es comúnmente utilizado en casos de violencia, lo cual a su juicio no debería ni siquiera considerarse. 

“El hecho de que las mujeres medien están negociando la vida con el agresor”, señaló la defensora. Agregó que la mediación debería dejarse únicamente para situaciones leves en las que el hecho se pueda arreglar hablando.

“En el tema de violencia contra las mujeres esta figura no puede ir, porque es la vida de las mujeres que se está negociando, la peligrosidad de los agresores cuando ya te amenazan de muerte es palpable y es verídica. Cuando un hombre amenaza de muerte es porque ya hay un nivel de violencia donde (el femicidio) puede ocurrir con alevosía y ventaja, como ocurrió con este femicidio del 21 de agosto”, analizó la defensora. 

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Insistió que en casos de violencia no puede haber mediación porque hay un nivel desproporcionado de poder y de fuerza. Apuntó que una mujer que ha vivido violencia, durante años o meses antes de llegar a la denuncia es una mujer mal emocionalmente y mal psicológicamente.

Lamentó que en la mayoría de los casos, las víctimas no tienen los recursos emocionales ni económicos, ni físicos para enfrentar la violencia y que venimos de un sistema que está completamente obsoleto, en el que no hay sensibilidad, ni voluntad política para resolver los casos.

 Señaló que en el país  “lo que hacen es casi casi obligar a la víctima a negociar y a mediar con el agresor que ya la amenazó de muerte”, enfatizó que cuando hay una amenaza de muerte, no puede haber negociación y mediación porque estamos hablando de un delito grave.

Medidas precautelares no son aplicadas a cabalidad

Según la información disponible en el caso de Erika Martínez, esta contaba con una orden de restricción que no tuvo ningún efecto práctico para proteger su vida. 

La defensora señaló que las medidas precautelares como la orden de restricción  funcionan para prevenir otro acto de violencia.“Y ella lo solicitó estuvo muy bien, toda esa parte de hacer uso de la ley, pero vemos que esta no es aplicada a cabalidad por los funcionarios públicos, cómo es posible que haya tenido medidas precautelares y de protección y que no se le haya dado seguimiento a esto”, cuestionó. 

La defensora explicó que lo que pasa en Nicaragua es que la ley puede estar súper bien escrita, bien fundamentada, con todas las evidencias pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que hacen los funcionarios.

“Por eso es que hay tanta impunidad, donde los agresores hacen lo que les da la gana porque no hay una rigurosidad que le diga usted tiene que cumplir estas medidas establecidas por la ley”.

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Insistió que en todo caso se debería  poner vigilancia a ambos, tanto a la víctima para protegerla como al agresor por si comete ese delito de desobediencia o desacato a la autoridad. Lamentó que cuando los hombres amenazan de muerte lo cumplen ya sea que pasen muchos años.

Por otro lado, la defensora mencionó que todo funcionario público que no cumpla con la ley, principalmente este tipo de leyes como la Ley 779, que son leyes integrales, importantes para acabar con la violencia contra las mujeres también deben tener un tipo de sanción.

Apuntó que es una obligación del Estado garantizar la seguridad y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres que son víctimas y a veces siento que el Estado, principalmente con las Comisarías, los juzgados y toda la ruta de acceso a la justicia, no entienden esa parte, finalizó.