CIDH otorga medidas cautelares en favor de 3 personas presas políticas, 2 de ellas son artistas
En Nicaragua, más de 150 personas se encuentran privadas de libertad por razones políticas. Organismos nacionales e internacionales han denunciado constantemente que estas personas son víctimas de tratos crueles, degradantes e inhumanos que ponen en riesgo su vida e integridad.
Desde este 17 de agosto, los presos políticos Frank Kevin Laguna Guevara, Óscar Danilo Parrilla Blandón, y Evelyn Susana Guillén Zepeda son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Laguna y Parrila son conocidos en el mundo artístico como Vink Art y Torch Místico y se encuentran detenidos en el Sistema Penitenciario Nacional conocido como La Modelo, luego de que intentaron pintar un mural en honor de la nicaragüense Sheynnis Palacios en Miss Universe.
En tanto Guillén fue detenida el 5 de agosto de 2023, durante las celebraciones de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán, en Managua porque supuestamente mostraron un cartel en el que pedían la libertad de del obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
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Nuevamente la CIDH, consideró que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.
La CIDH, informó que la parte solicitante indicó estas personas presas políticas se encuentran recluidos en el Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro” y en el Establecimiento Penal Integral de Mujeres (EPIM), en condiciones inadecuadas de detención y sin recibir la atención médica necesaria para sus padecimientos.
“La señora Evelyn Susana Guillén Zepeda, en particular, padecería de una enfermedad mental como resultado de haber sido víctima de violencia sexual. Además, enfrentan hechos de violencia tales como intimidaciones y agresiones por parte de agentes penitenciarios”, exponen.
Así mismo, advierten que las personas beneficiarias estarían en una situación de vulnerabilidad jurídica debido a la falta de acceso a los expedientes judiciales y a la ausencia de defensa legal eficaz. Apuntan que el Estado no proporcionó información que permita determinar si los factores de riesgo identificados han sido mitigados debidamente.
El Estado debe tomar medidas para proteger la vida de estas personas
El organismo internacional demandó al Estado a que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias. En particular, informe de manera oficial sobre su situación actual en tanto se encuentran bajo custodia del Estado.
De igual modo que se garantice que estas personas no sean objeto de violencia, amenazas, intimidaciones, y agresiones dentro del centro penitenciario. Además se les brinde acceso a atención médica adecuada y especializada, se realice inmediatamente una valoración médica integral sobre su situación de salud y se evalúe la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la privación de la libertad.
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Exponen que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.
En Nicaragua, más de 150 personas se encuentran privadas de libertad por razones políticas. Organismos nacionales e internacionales han denunciado constantemente que estas personas son víctimas de tratos crueles, degradantes e inhumanos que ponen en riesgo su vida e integridad.
A lo largo de los útimos 6 años, la CIDH ha otorgado decenas de medidas cautelares que no han sido tomadas en cuenta por las autoridades estatales.