Investigación del Washington Post devela el apoyo del BCIE a la dictadura en Nicaragua

Una investigación del diario estadunidense Washington Post detalló cómo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) “proporcionó millones de dólares de financiamiento al gobierno nicaragüense, incluso cuando Naciones Unidas y grupos de derechos humanos documentaron generalizados asesinatos, torturas y exilios forzados contra opositores” en el contexto de la crisis sociopolítica de abril de 2018.

El texto, publicado este jueves, 22 de agosto, explicó que el financiamiento corrió incluso hacia la Policía Nacional, institución a cuyos agentes señala como “los principales perpetradores de la represión“, como pudieron constatar en base a entrevistas con exfuncionarios del BCIE y del gobierno de Nicaragua.

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Mientras otros bancos retractaban su apoyo al régimen, el BCIE “se convirtió en la fuente principal de financiamiento para obras públicas”, según explicó el economista opositor y ex-reo político, Juan Sebastián Chamorro, al medio estadounidense.

Entre 2018 y 2020, la Policía del régimen sandinista utilizó fondos del BCIE para construir o renovar al menos 19 recintos policiales en Nicaragua, comprar equipos de radio y sistemas de comunicaciones, y construir un centro de análisis de datos en la sede policial.

Un documento muestra cómo en el punto álgido de la embestida represiva de 2018, cuando decenas de manifestantes estaban siendo acribillados a balazos o arrestados, el BCIE y la Policía sandinista resolvieron comprar autobuses y barcos para “garantizar la movilización de fuerzas policiales y fortalecer las capacidades operativas” de la institución.

Todo mientras investigadores de Naciones Unidas y organismos de derechos humanos constataban que el gobierno nicaragüense “desató a policías y fuerzas paramilitares contra manifestantes… francotiradores dispararon contra civiles desarmados y arrestaron a los médicos que atendieron a heridos”. Luego, en prisión, los presos políticos eran sometidos a torturas que incluían abuso sexual.

Mossi en la mira

Pero a Dante Mossi, presidente del BCIE entre 2018 y 2023, aquello no lo turbó. “No es asunto del presidente del banco emitir juicio sobre si un país es lo suficientemente democrático o no para recibir préstamos del BCIE“, dijo Mossi en una entrevista en Honduras el pasado mes de marzo. El propio BCIE lo contradice.

Gisela Sánchez Maroto, sucesora de Mossi a la cabeza del BCIE, expresó remordimiento por la postura del banco en tiempos de Mossi. “Quiero asegurarme de que algo así no vuelva a pasar nunca“, dijo la ejecutiva al medio estadounidense, agregando además que su gestión verá implementadas “nuevas medidas anticorrupción y de derechos humanos”.

Pero el financiamiento a Nicaragua precede a Mossi. El primer préstamo con fines de “seguridad pública” para la Nicaragua de Ortega llegó en 2014. 16 millones de dólares para un gobierno que, aunque aún no en su culmen represivo, sí era ya criticado en el ámbito internacional por el desmantelamiento visible de sus instituciones democráticas.

Dante Mossi, figura clave en el mantenimiento de la financiación al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Ese préstamo Mossi lo gestionó hasta que en 2020 las sanciones estadounidenses lo hicieron insostenible, descubrió el Washington Post, a pesar de que el ex-presidente del BCIE lo niega. En su defensa, Mossi dijo al Washington Post que fue la junta directiva del banco la que debió haber bloqueado los préstamos a Nicaragua.

“Los 13 países con poder de voto, durante mi gestión, no bloquearon un sólo préstamo”, objetó el ex-presidente, quien actualmente gestiona una demanda contra el BCIE por más de 2.5 millones de dólares alegando “daños morales” contra su persona.

El BCIE llegó a ser denominado por sus críticos “el banco del dictador”. Mossi intentó defenderse señalando que Nicaragua recibió otros préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), ambos criticados igualmente por este hecho. Pero el papel que jugó el BCIE para la Nicaragua del régimen sandinista fue fundamental, señaló el Washington Post.

“En los años que siguieron a la campaña represiva de 2018, el BCIE aumentó fuertemente sus préstamos, convirtiéndose en el más grande acreedor externo de Nicaragua“, concluyó la investigación.