Iglesias en Nicaragua ahora tendrán que pagar impuestos
La abogada Martha Patricia Molina señaló que con ese “zarpazo” fiscal terminará de ahogar financieramente a la iglesia para que caiga por su propio peso.
La Dirección General de Ingresos (DGI), es la encargada de llevar el control de todo lo relacionado a la recaudación estatal.
En Nicaragua, las iglesias de cualquier denominación estaban exentas de pagar impuestos, sin embargo esto podría cambiar luego que se oficialice mediante el Diario Oficial La Gaceta, la reforma a la Ley 822 aprobada este 20 de agosto por la Asamblea Nacional del país.
El régimen de Daniel Ortega ordenó derogar el numeral 3 del artículo 32 de dicha ley, que permitía a las iglesias y otras instituciones religiosas operar sin pagar el impuesto sobre la renta mejor conocido como (IR).
Esta modificación se da en el contexto de la creación de un nuevo modelo de trabajo de las organizaciones sin fines de lucro, anunciadas por la vocera gubernamental Rosario Murillo, mismo que según analistas busca tener mucho más control de las oengés que aún permanecen en el país.
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Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que estaban exentos del pago del IR “las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas que tengan personalidad jurídica, en cuanto a sus rentas provenientes de actividades y bienes destinados exclusivamente a fines religiosos”.
Con la modificación las entidades religiosas deberán declarar ingresos y sobre los montos anuales pagar impuestos que van desde el 10 hasta el 30 por ciento. Lo anterior indica que ahora las entidades religiosas pasan a formar parte del régimen fiscal general.
Deberán contratar contadores públicos
Hasta ahora las entidades religiosas solo estaban obligadas entre otras cosas a efectuar las retenciones de bienes y servicios. Así mismo debían pagar impuestos sobre las ganancias de actividades económicas lucrativas con terceros.
Cabe señalar que las mismas estaban sujetas a la fiscalización de la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Asuntos Aduaneros.
Al respecto, la abogada e investigadora, Martha Patricia Molina, señaló que mediante esta acción arbitraria, la dictadura Ortega-Murillo “legaliza” lo que estaba realizado de facto y que hace algunos meses habíamos denunciado porque se me notificó que a varias iglesias se les estaba cobrando impuestos.
“Aunque cuando los periodistas le preguntaron al cardenal Leopoldo José, él había asegurado que era un tema resuelto. Ahora, toda iglesia independientemente de su denominación deberá pagar impuestos”, refirió.
Molina agregó que con ese “zarpazo” fiscal terminará de ahogar financieramente a la iglesia para que caiga por su propio peso.
Apuntó además que en semanas anteriores, autoridades del régimen habían visitado parroquias para solicitar información de cómo llevaban sus cuentas, pidieron ver los libros mayores y menores, ingresos y egresos que obviamente la administración parroquial no lleva así.
Mencionó que ahora los sacerdotes tendrán que contratar a un contador público autorizado para que lleve todas estas cuentas y decir también quiénes son sus principales donantes.
