Régimen ha cancelado 1100 organizaciones religiosas en Nicaragua, denuncia Alto Comisionado de la ONU

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, actualmente Volker Türk) expresó su “profunda preocupación” por el cierre de 1500 organizaciones no gubernamentales bajo el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, a través de un comunicado publicado en redes sociales.

La cancelación masiva, la más grande de su tipo hasta la fecha, afectó hasta a 700 organizaciones religiosas, según datos del propio OACNUDH.

La persecución contra las organizaciones continuó este martes, con la aprobación de un paquete de reformas al marco regulatorio para estos organismos, anunciado con antelación por Murillo. Las reformas someten los proyectos de las ONGs a las instituciones estatales y eliminan los beneficios fiscales, entre otras medidas.

La Oficina denunció que, desde julio, “la persecución a la Iglesia católica y a otros grupos religiosos ha incrementado de manera muy alarmante en Nicaragua, infundiendo un clima de terror dentro de las comunidades religiosas“.

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“Esa persecución a las religiones se manifestó también por arrestos arbitrarios, procesos judiciales que carecen de garantías judiciales, secuestros, expulsiones y confiscaciones de bienes“, añadió la Oficina a la denuncia.

Los ataques contra protestantes también han aumentado. Buena parte de las asociaciones religiosas canceladas en este grupo de 1500 eran protestantes. OACNUDH ha documentado por lo menos 11 pastores protestantes detenidos desde diciembre de 2023.

🔵 @OACNUDH expresa profunda preocupación por el cierre de 1500 organizaciones en #Nicaragua, incluyendo al menos 700 religiosas. Este acto atenta contra la libertad de religión y la libertad de asociación. Instamos al gobierno a garantizar y proteger las libertades fundamentales pic.twitter.com/S00rOlukBM

— OACNUDH (@OACNUDH) August 20, 2024

Desde que inició la crisis en 2018, ya son 1100 las organizaciones religiosas canceladas a nivel general por orden del régimen sandinista. Las autoridades mantienen la misma versión: que las organizaciones incumplían con sus responsabilidades fiscales, pero los afectados han denunciado que era el régimen el que les impedía cumplirlas y en esta última cancelación, ni siquiera hubo aviso.

Además, resulta poco creíble que alrededor de 5 mil organizaciones en diferentes rubros incumpliesen sus responsabilidades por periodos tan prolongados, en algunas casos superiores a los 30 años, sin explicar su inacción en los últimos 17 años de gobierno sandinista.

Cierre del espacio cívico

Yáder Valdivia, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó a República 18 que las iglesias evangélicas tienen una particularidad que las hace sobresalir en esta cancelación masiva y es que, para poder funcionar, cada iglesia debe constituirse legalmente, por lo que dependen siempre del beneplácito del gobierno.

En consecuencia, “en este cierre del espacio cívico que ha habido en Nicaragua contra las organizaciones (se ha violentado) el derecho a la libre asociación, a la libertad de expresión, a la defensa de derechos, es que ha alcanzado esta magnitud de cantidades de iglesias cerradas“, denunció Valdivia.

“Efectivamente, es parte de esta persecución a cualquier institución o agrupación que no simpatice con el gobierno“, añadió.

Pero más que eso, a cualquier organización que no apoye al gobierno explícitamente, dado que la mayoría de las organizaciones canceladas nunca hicieron pronunciamiento político alguno.

“Recordemos que ya quedan, si acaso, un poquito más de 2 mil organizaciones en toda Nicaragua, de acuerdo a los registros que existen. Esto es porque se quiere, con estas acciones, erradicar el espacio cívico del país, una situación que se ha venido agudizando desde 2018“, lamentó Valdivia.

Golpe el pueblo y la memoria

El Colectivo lleva una sistematización sobre estos cierres de asociaciones. “Hemos presentado algunos informes, hemos revisado algunas acciones ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano denunciando estas violaciones al derecho de asociación”, detalló Valdivia.

Aparte de atentar contra el derecho de asociación, el de libertad de expresión y el de defensa de derechos, las cancelaciones injustas de personería jurídica “tienen un alcance que afecta al derecho laboral; muchas de estas personas que trabajan para estas organizaciones y asociaciones no pueden liquidarse“, puesto que, ya canceladas, los bienes de las organizaciones pasan inmediatamente a manos del Estado.

Asimismo, estas cancelaciones masivas afectan a la población “porque muchas de las organizaciones canceladas tenían programas en comunidades, en barrios; es un impacto enorme“.

“Algunas acciones sociales se realizaban para apoyar a las personas y al momento de ser canceladas, el Estado no asume ninguna de las responsabilidades. Se da un cierre y no se da seguimiento a la labor de estas organizaciones“, detalló Valdivia.

Rostros de algunos de los sacerdotes exiliados. En lo que va de 2024, el régimen sandinista ha desterrado a alrededor de 48 religiosos católicos, impidiendo considerablemente la capacidad de la institución de realizar sus labores sociales y espirituales.

Incluso organizaciones de ex-combatientes y simpatizantes sandinistas fueron canceladas, así como grupos que trabajaban en preservar la memoria de distintos periodos de la historia nicaragüense, según explicó el abogado.

“Hay un tema también de procesos históricos que han sido tomados por el régimen“, dijo el experto, como ocurrió cuando, tras la usurpación de la Universidad Centroamericana en agosto de 2023, el régimen se apoderó de los archivos del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA).

“No hay una rendición de cuenta de las confiscaciones de estas organizaciones; no ha habido, hasta la fecha, durante todos estos años. Conocí a algunas de las personas y nos preguntaban: ‘¿qué nos va a pasar?, ¿qué hacemos?, ¿sacamos nuestras cosas?‘ porque también (el Estado) se quedó con bienes personales“, concluyó Valdivia.