Denuncian cancelación de personería jurídica de Asociación de Periodistas Parlamentarios de Nicaragua
Según Alertas Libertad de Prensa, esta asociación nació como una necesidad de capacitar y especializar a los periodistas que realizaban cobertura desde la Asamblea Nacional.
La organización cancelada aglutinaba a periodistas que hacían coberturas en la Asamblea Nacional del país, en los últimos años todos eran oficialistas.
El Observatorio Alertas Libertad de Prensa Nicaragua, condenó este martes en la red social X, la cancelación de la personería jurídica de la Asociación de Periodistas Parlamentarios de Nicaragua.
Esta asociación nació como una necesidad de capacitar y especializar a los periodistas que realizaban cobertura desde la Asamblea Nacional; a fin de conocer el funcionamiento interno de este Poder del Estado, darle seguimiento al ciclo de aprobación de las leyes, así como el trabajo de las comisiones parlamentarias.
Apuntan, además, que bajo la administración de gobiernos democráticos entre el 2004 y 2005 bajo la presidencia del diputado Carlos Noguera Pastora se reportan grandes avances para mejorar las condiciones de los periodistas que cubrían la actividad parlamentaria.
“Uno de estos avances fue la edificación de las oficinas de la Asociación Nicaragüense de Periodistas Parlamentarios (ANPP) en los terrenos de la institución y la asignación de recursos para su funcionamiento”, exponen.
Destacan que en los últimos años, esta instancia ha tenido muy poco protagonismo pues al no haber periodistas independientes, únicamente estaba compuesta por periodistas oficialistas.
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“Lamentamos que el gobierno de Nicaragua continúe impidiendo el derecho a la asociación que tienen todos los nicaragüenses; demandamos el cese inmediato a todas las violaciones a los derechos humanos”, señaló Alertas Libertad de Prensa.
La cancelación de esta y otras 1 499 organizaciones no gubernamentales se conoció este 19 de agosto, mediante el diario oficial La Gaceta y se realizó a través del Acuerdo Ministerial 38-2024-OSFL.
Según el Ministerio del Interior, esta medida se da luego de que las organizaciones violentaran las leyes vigentes “ya que no reportaron por periodos de entre 01 y 35 años sus Estados Financieros conforme períodos fiscales”.
De igual modo las acusó de haber “obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio del Interior, al no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos”.
