Ascienden a 52 las víctimas nicaragüenses de la violencia machista a pesar de creación del Consejo Nacional de la Mujer
A pesar de que en mayo Rosario Murillo mandó a crear un Consejo Nacional de la Mujer para afrontar la crisis de feminicidios, el organismo no ha tenido ninguna incidencia visible en la crisis de la violencia machista.
Cincuenta y dos mujeres nicaragüenses han caído víctimas de la violencia machista en lo que va de 2024, según el conteo actualizado del Observatorio de la Violencia, una iniciativa de la organización feminista Católicas por el derecho a decidir (CDD).
La mayoría de los crímenes ocurrieron en marzo (13), abril (7) y mayo (14), siendo este último el mes más sangriento del año. El resto de meses registraron en promedio de 4 a 5 feminicidios y en lo que va de agosto, sólo se ha registrado uno.
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10 de las víctimas fueron nicaragüenses en el extranjero. En territorio nacional, fue Managua la zona que más víctimas registros (11), pero Las regiones autónomas del Caribe, en particular la del norte, han sido particularmente afectadas por estos crímenes.
En comparación, la RAACN cuenta hasta el momento con unos 9 feminicidios, tan sólo 3 menos que la capital, a pesar de que la región caribeña cuenta con 3 veces menos población.
Según los datos de CDD, 2023 cerró con 73 feminicidios contra víctimas nicaragüenses, 22 ocurridos en el extranjero, particularmente en Costa Rica. Considerando el ritmo con que se han presentado estos delitos y la falta de políticas mitigantes, es probable que 2024 no registre una mejoría de esta crisis en relación a 2023.
Ante la crisis de feminicidios en mayo, el régimen nicaragüense destituyó a la entonces ministra de la mujer, Jessica Padilla Leiva, y en su lugar nombró a Tamara Martínez Santarez, una cantante de música propagandística sandinista, quien renunciaría al cargo apenas dos meses después.
A instancias de la segunda al mando del régimen sandinista, Rosario Murillo, se creó el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) para afrontar la crisis de los feminicidios, pero desde entonces no ha habido ninguna variación en el actuar oficial de cara a estos crímenes ni tampoco se ha comunicado transparentemente las acciones que esta entidad ha llevado a cabo, si es que ha sido el caso para empezar.
Organizaciones feministas han señalado al régimen sandinista de aplicar medidas negligentes, o directamente contraproducentes, para la seguridad de las mujeres. Entre ellas la liberación masiva de reos comunes en procesos irregulares y el cierre masivo de organizaciones no gubernamentales, incluyendo aquellas que velaban por los derechos de las mujeres.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos (IM Defensoras) contabiliza un total de 245 organizaciones feministas canceladas en Nicaragua desde 2018, como parte de la campaña represiva que desde el Ministerio de Gobernación (ahora del Interior) ha emprendido el régimen sandinista.