Más del 90% de las cuentas bancarias ligadas a la Iglesia católica han sido “inmovilizadas” por el régimen

El régimen sandinista ha cometido, propiciado o tolerado más de 800 agresiones contra la Iglesia católica de Nicaragua. Al ritmo que va, 2024 podría ser el peor año para la Iglesia desde el inicio de la crisis.

  • San José, Costa Rica
  • 12:31 pm
  • Ago 15, 2024

A pesar del silencio de la jerarquía eclesiástica, la persecución religiosa en Nicaragua no para.

Arquidiócesis de Managua
República 18

A lo que va de 2024, la represión del régimen sandinista contra la Iglesia católica ha dejado como mínimo 94 agresiones, según refleja la quinta entrega del informe Nicaragua: una iglesia perseguida, elaborado por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, quien en base a estos datos cotejados con los de años anteriores, estimó que 2024 podría ser el peor año para la Iglesia en Nicaragua.

2023, con sus 307 ataques registrados, ha sido el peor año para la Iglesia católica en Nicaragua desde que en 2018 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo atacó a manifestantes pro-democracia, desatando una crisis que aún afecta el país. “Posiblemente, 2024 sea igual o peor que 2023, a pesar del silencio de la CEN y otros religiosos sea aún más visible“, dijo Molina.

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En lo que va de abril de 2018 a julio de 2024, 870 agresiones contra la Iglesia católica fueron registradas en el informe. En agosto hubo “un sinnúmero de ataques” adicionales, aclaró Molina, pero estos no fueron incluidos por razones metodológicas. En su mayoría han sido ataques, asedios, y otros impedimentos contra templos (219) y religiosos (313), así como también 86 mensajes de odio y 95 profanaciones.

Fuente: Nicaragua, una iglesia perseguida

Ha habido 15 profanaciones“, ataques violentos u ofensivos contra objetos y espacios sagrados para los fieles católicos, “en lo que va del año, pero las parroquias han decidido no reportarlas por este temor a la Policía” que asedia a los templos que hayan denunciado, o bien tan sólo pedido oración y actos de desagravio.

Las jurisdicciones más afectadas son la arquidiócesis de Managua (294) y la diócesis de Matagalpa (162), en la que sólo quedan 13 sacerdotes (de 71 que había) apoyados por 9 religiosos para suplir las necesidades de 600 mil fieles católicos. Pero la represión es verdaderamente generalizada. En total, unas 9688 procesiones y actividades religiosas han sido prohibidas a nivel nacional.

Un total de 245 religiosos se han visto obligados a dejar el país, entre ellos obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y 91 religiosas (monjas). Se trató de 46 destierros, 90 expulsiones, 44 prohibiciones de reingreso y 65 salidas voluntarias derivadas del acoso de las autoridades. La mayoría salió entre 2023 (64) y 2024 (50).

Fuente: Nicaragua, una iglesia perseguida

En total, 14 congregaciones religiosas de la Iglesia católica han sido vulneradas en Nicaragua.

Asedio económico contra sacerdotes

En mayo de 2023, el régimen sandinista congeló las cuentas bancarias ligadas a la Iglesia católica por una supuesta investigación de lavado de dinero. Molina explicó que más del 90% de las cuentas bancarias ligadas a la Iglesia católica han sido “inmovilizadas” por el régimen. Las consecuencias para la manutención del clero han sido severas.

El fondo que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) disponía para sacerdotes mayores de 65 años no ha podido ser distribuido, afectando la calidad de vida de varios sacerdotes ya retirados y en edad avanzada.

Además, 19 propiedades en manos de la Iglesia católica fueron confiscadas, a pesar de prohibición constitucional contra la expropiación. Algunas de las propiedades fueron convertidas en frentes de instituciones estatales y otras vendidas ilegalmente a particulares, presuntamente ligados al partido de gobierno.

Rostros de algunos de los sacerdotes expulsados recientemente por el régimen sandinista. La mayoría servía en la diócesis de Matagalpa.

También 19 medios de comunicación de la Iglesia han sido cerrados, privando a la Iglesia de espacios de promoción para sus actividades, así como de los ingresos que recibían algunos de ellos por espacios publicitarios y donaciones. Todas las donaciones que recibe la Iglesia católica son monitoreadas e investigadas por la Policía Nacional, denunció Molina en el informe.

Esta campaña de represión económica “no solamente ha afectado a los fieles católicos, porque a través de las obras sociales de la Iglesia católica se ayudaba a personas que no necesariamente profesaban ninguna religión. Sabemos que en el interior del país la presencia del Estado es nula” y a menudo era a través de iniciativas religiosas que esas comunidades recibían asistencia vital.

Discursos de odio y terrorismo estocástico

El informe documentó 72 instancias de discursos de odio potenciados por figuras públicas y de autoridad desde el régimen sandinista. Con ellas “no solamente ofenden al pueblo católico nicaragüense, sino que también constituyen delitos tipificados en las leyes de nuestro país”, detalló Molina.

Molina subrayó en particular el “lenguaje extremadamente ordinario y vulgar” que emplea la pareja presidencial contra los sacerdotes. Murillo en particular recurrentemente insulta a sacerdotes y religiosos en televisión nacional, un táctica que también emplea contra otros opositores.

Fuente: Nicaragua, una iglesia perseguida

Estos discursos de odio constituyen terrorismo estocástico, una táctica discursiva en la que, aunque no se hagan llamados directos a la violencia, el propio discurso, por su alcance y por la autoridad del interlocutor, por sí mismo genera las condiciones para que los ataques se perpetúen en contra del objetivo definido como “enemigo”.

El panorama para la Iglesia es, pues, desolador. Según Molina, la intención del régimen sandinista es el exterminio de la Iglesia católica en Nicaragua. Aunque lo valora como algo “muy, muy difícil de lograr”, reconoció que sigue siendo una posibilidad teniendo en cuenta la severidad y constancia de la represión.

Por ello Molina hace un llamado a la oración para los fieles, pero también de acción a los actores capaces de ejercer presión, sobre todo a la comunidad internacional a la cual instó a aislar al régimen, particularmente en cuanto a apoyo económico se refiere.