Clima de terror impuesto en Nicaragua obliga a familiares de presos políticos a callar detenciones
El Mecanismo señala que este patrón de desapariciones forzadas no solo genera un profundo sufrimiento para las familias de los desaparecidos, sino que también constituye una grave violación de los derechos humanos.
Según el registro del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, en el último mes se registró la detención arbitraria de 4 personas.
La más reciente actualización del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, señala que la autocensura está aumentando en familiares de las personas detenidas.
“Los familiares de los detenidos han optado por no denunciar públicamente estos hechos debido a las amenazas recibidas por parte de las autoridades y el clima de terror instaurado en la sociedad”, exponen.
Apuntan que entre el 1 y el 31 de julio de 2024, se registraron al menos 13 detenciones arbitrarias motivadas por persecución política, cuatro más que el mes anterior.
Advierten que existe un subregistro del número total de personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua debido a la falta de acceso a la información pública y como consecuencia del ambiente de represión y amenazas derivadas del estado policial que prevalece en el país.
De igual modo señalan que la práctica de desapariciones forzadas ha empeorado, con casos de personas cuyo paradero es desconocido durante más de seis meses. Apuntan que las familias de estos desaparecidos han sido privadas de cualquier información sobre su situación, lo que agrava su angustia y desesperación.
“Hasta la fecha se han registrado nueve (9) casos de personas cuyo paradero es desconocido después de haber sido detenidas por las autoridades”, señala el documento.
Lea: Conoce quiénes son los sacerdotes recientemente detenidos por el régimen de Daniel Ortega
Refieren que estas personas han sido secuestradas y sus familiares han sido privados de cualquier información sobre su estado de salud, condiciones de detención, o incluso los cargos que enfrentan. Explican que también existen casos que luego de haberlos visitados en el penal, se les cancelan las visitas familiares por largos períodos incluso meses.
El Mecanismo señala que este patrón de desapariciones forzadas no solo genera un profundo sufrimiento para las familias de los desaparecidos, sino que también constituye una grave violación de los derechos humanos.
Inisten que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la cual Nicaragua es parte, establece que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad.
Exponen que el ocultamiento del paradero de estas personas y la negación de información a sus familiares viola el derecho a la libertad, el derecho a no ser sometido a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a un juicio justo.
“Además, estas acciones tienen un efecto de intimidación y terror en la sociedad, manteniendo a las familias de los desaparecidos en un estado constante de zozobra y miedo”, mencionan.
Hasta el 31 de julio, el Mecanismo reconoce la existencia de 151 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 25 son mujeres y 126 son hombres. Detallan que esta cifra incluye a 10 personas que fueron encarceladas antes de 2018.
