Nicaragua recibe premio de “derechos humanos islámicos” de Irán
A pesar de señalamientos por crímenes de lesa humanidad, Irán, otra autocracia señalada por violentar a sus propios ciudadanos, extendió a Nicaragua el reconocimiento.
El representante permanente de Nicaragua ante Naciones Unidas, el sandinista Jaime Hermida, recibió el Premio de Derechos Humanos Islámicos por “su firme defensa de los derechos del pueblo palestino y su condena al genocidio en Gaza”, según destacó la prensa oficialista el domingo, 4 de agosto, en Teherán, capital de Irán.
El premio fue recibido a nombre de Hermida por el embajador nicaragüense Ramón Moncada “transmitiendo los saludos del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo”, la pareja presidencial señalada de cometer crímenes de lesa humanidad en el contexto de la crisis sociopolítica de 2018 en Nicaragua.
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Esta fue la VIII Edición del premio, una distinción otorgada cada 4 de agosto en el “día de los derechos humanos y la dignidad islámicos” proclamado por la Organización de Cooperación Islámica. Los ganadores reciben “una placa de honor, un certificado al mérito y diez monedas de oro de tamaño completo”, según la prensa iraní.
A todas luces se trata de un gesto diplomático entre Nicaragua e Irán, dos países de gobierno autocrático aliados entre sí por intereses geopolíticos superiores, pero de otro modo sin mucha relación histórica, cultural o comercial. También Irán tiene un manchado historial de violaciones a los derechos humanos.
Con la revolución islámica de 1979, Irán tomado por un régimen teocrático liderado centrado en la figura del ayatolá Khomeini, un líder islámico de alto rango considerado padre fundador del régimen iraní. En calidad de líder supremo y al mando de una vanguardia revolucionaria fanática, Khomeini acabó con las libertades que el país alguna vez gozó bajo el mando del occidentalizado Shah Reza Pahleví.
Según la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional, en 2022 el régimen iraní empleó “tácticas represivas para impedir la celebración de protestas multitudinarias en todo el país; las fuerzas de seguridad sofocaron manifestaciones locales de menor envergadura con fuerza excesiva y detenciones masivas”.
Amnistía denunció “represión en todo el país contra las mujeres y las niñas que desafiaban la obligatoriedad del velo, introduciendo políticas que vulneraban sus derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, y restringieron su libertad de circulación“.
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Tanto Irán como Nicaragua enfocan este premio en el actual conflicto armado en Gaza, Palestina. El Estado de Israel, el beligerante mejor organizado del conflicto, ha sido acusado de crímenes de guerra por grupos independientes de expertos de Naciones Unidas. El régimen sandinista utilizó esta causa para legitimar su posición con una demanda—que perdió— ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
A diferencia de la situación israelí, enmarcada en un conflicto armado en que convergen múltiples fuerzas armadas, en Nicaragua las violaciones de derechos humanos no ocurrieron en contexto guerra, sino como parte de un asalto unilateral en contra de civiles durante las protestas de 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos “da cuenta de al menos 355 víctimas durante la represión a las protestas sociales entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2019”, la vasta mayoría manifestantes pacíficos. 27 de estos eran niños, niñas y adolescentes, según aclaró la entidad.
Mientras el régimen acude a mecanismos internacionales para hacer oír sus desacuerdos con las acciones de Israel, ha demeritado en toda ocasión posible los señalamientos de Naciones Unidas en su contra, respaldados por una amplia fracción de la comunidad internacional, sobre todo otros países hispanoamericanos.