Régimen sandinista prohíbe ordenación de nuevos sacerdotes en Estelí
Era monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal, quien ordenaría a tres nuevos sacerdotes el sábado en Estelí.
Imágenes de la ordenación sacerdotal que tuvo lugar en Matagalpa el pasado 21 de julio.
El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua habría prohibido, con una orden de la Policía Nacional, la ordenación de tres nuevos sacerdotes en la catedral de Nuestra Señora del Rosario de Estelí, un acto que estaba programado para este sábado, 27 de julio, según informó una fuente eclesial al medio Mosaico CSI.
La impedida ordenación estaba a cargo monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), quien la semana pasada ordenó a un nuevo sacerdote y a siete diáconos en Matagalpa, la primera ordenación de esa diócesis desde el encarcelamiento de su obispo, monseñor Rolando Álvarez, en agosto de 2022.
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Estelí está oficialmente bajo la jurisdicción apostólica de monseñor Álvarez tras la renuncia de monseñor Abelardo Mata en julio de 2021, dejando la diócesis en estado de sede vacante. Pero Álvarez no ha podido cumplir sus funciones a raíz de su encarcelamiento y posterior destierro en enero de 2024, tras casi dos años cumpliendo una injusta condena de 26 años impuesta por el régimen sandinista en febrero de 2023.
El impedimento de este ritual tan importante para el clero católico se enmarca en una campaña hostil en contra de la Iglesia católica iniciada por el caudillo sandinista, Daniel Ortega, y perpetuada vociferante por su segunda al mando, Rosario Murillo, a raíz de la postura crítica ante al régimen que muchos sacerdotes católicos adoptaron tras la crisis de 2018.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas ha corroborado en su más reciente informe una serie de abusos sistemáticos generalizados en contra de la Iglesia católica, sus miembros, organismos y personas asociados, corroborando hallazgos como el del informe Nicaragua, una iglesia perseguida de la investigadora Martha Patricia Molina.
Molina ha documentado como mínimo unos 667 ataques contra la Iglesia católica desde el inicio de la crisis, incluyendo prohibiciones de celebraciones religiosas, agresiones contra sacerdotes y feligreses, expropiación de bienes, cierre de medios de comunicación, farsas judiciales, encarcelamientos injustos (con vejaciones), entre otros agravios.
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